Los ciudadanos indignados y frustrados por la falta de política de seguridad efectivas
El asesinato del coronel (r) Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo, conmocionó al país y puso en evidencia las serias deficiencias en las políticas de seguridad. El trágico incidente ocurrió en la intersección de la carrera 30 con la calle 80, en la localidad de Barrios Unidos, cuando Fernández, de 58 años, se dirigía a su casa en un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
A pesar de haber recibido múltiples amenazas previas, Fernández no contaba con un esquema de seguridad adecuado. “De parte de Pedro Pluma para el director que si vuelve a meter requisa para el patio le mato la familia”, decía uno de los mensajes intimidatorios. Otra amenaza, fechada el 9 de mayo de 2024, advertía: “Para que vea que yo sí tengo poder, si me trasladan le mato la familia”.
Y su paz total que? El país inmerso en violencia como en los inicios de los años 2000 https://t.co/fVlvxywjCF
— Juan Camilo Aldana Barrera (@jcaldanab) May 17, 2024
Está es tú paz total donde los asesinos violadores Guerrilleros narcotraficantes corruptos son los q mandan NOS TIENES JODIDOS volvimos a estar presos en nuestras casas y ni así xq esos desgraciados se meten LA INSEGURIDAD ESTA DESBORDADA
— Rosina Torres C (@rooxxi6) May 17, 2024
El asesinato del Coronel (r) Elmer Fernández Velasco, director de la cárcel La Modelo, quien al parecer recibió amenazas días antes, es una muestra de cómo la criminalidad sigue arrodillando al Estado. En Colombia transitan criminales sin control de @PoliciaColombia. #Justicia pic.twitter.com/ZYMOSouQUZ
— Theseus Foundation (@Theseusglobal) May 17, 2024
Augusto Rodríguez, director de la Unión Nacional de Protección (UNP), señaló que, lamentablemente, Fernández no había solicitado protección a la UNP. "Acabo de hablar con el coronel Gutiérrez, el director del Inpec, quien me comentó que sí había habido amenazas contra el coronel Fernández”, explicó Rodríguez.
Las autoridades han lanzado una investigación exhaustiva y un plan candado para identificar y capturar a los responsables del asesinato. Sin embargo, la ausencia de un esquema de seguridad para Fernández, quien llevaba más de 40 días en el cargo, subraya una grave negligencia en la protección de funcionarios clave.
La noticia del asesinato desató una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su indignación y frustración. Críticas vehementes se dirigieron al presidente Gustavo Petro, acusándolo de no implementar políticas de seguridad efectivas. En la red social X (antes Twitter), usuarios recordaron los episodios de violencia de los años 2000 y señalaron que el país está sumido en una crisis de seguridad. “Nos tienes jodidos”, expresaron, indicando que la inseguridad en el país se encuentra desbordada.
Además, cuestionaron la defensa del presidente hacia los miembros de la Primera Línea, sugiriendo que tal apoyo contribuye a la falta de orden. Egresados de la misma alma mater del presidente también criticaron su accionar: “No recuerdo que profesor alguno nos hubiera educado para la violencia, su ‘Paz Total’ nos va a llevar a la Guerra Total, prueba de ello, el asesinato del director de La Modelo”.
La fundación Theseus comentó que el asesinato de Fernández es una muestra de cómo la criminalidad sigue doblegando al Estado. “En Colombia transitan criminales sin control de la Policía”, añadió. Con fuertes críticas hacia Petro, lo acusaron de “entregar al país a las organizaciones criminales”.
Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), denunció en su cuenta en X: “Entre mejor se hace el trabajo en el Inpec, más víctimas son asesinadas. Hoy, la víctima fue el coronel Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo. Habíamos advertido las amenazas”.
Las primeras teorías señalan como principal sospechoso a ‘Pipe Tuluá’, líder del grupo Mago (Muerte a Guardias Opresores), mencionando panfletos enviados por alguien que firmó como ‘Pedro Pluma’. La situación ha puesto de relieve la urgente necesidad de revisar y fortalecer las políticas de seguridad para proteger a los funcionarios públicos y garantizar la estabilidad y el orden en el país
