Mientras la Casa de Nariño presenta la medida como un atajo para financiar el sistema de salud y cubrir deudas, en las provincias lo leen como un recorte encubierto a su capacidad de gestión.

La señal más fuerte llegó desde sectores que hasta ahora habían acompañado al presidente. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, se sumó al bloque crítico y marcó que el decreto no solo altera el reparto de fondos, sino que compromete el funcionamiento de los servicios básicos en los territorios.

Lejos de quedarse en el reclamo político, los gobernadores ya definieron una estrategia en 3 frentes para intentar frenar la avanzada del Ejecutivo. El primero será una presentación simultánea de acciones de tutela, una “tutelatón”, con el argumento de que la medida afecta el derecho a la salud de la población.

El segundo eje apunta a la desobediencia administrativa. Con respaldo técnico desde Antioquia, varios departamentos analizan aplicar la excepción de inconstitucionalidad para no ejecutar el decreto, en especial en lo referido al impuesto al consumo de productos como licores y cigarrillos, una de las principales fuentes de financiamiento local.

El tercer paso será político e institucional: una delegación de gobernadores de Valle, Tolima, Antioquia y Nariño pedirá audiencia formal ante la Corte Constitucional para exponer por qué el decreto, lejos de resolver problemas, asfixia financieramente a las regiones.

El mensaje de las provincias es directo y sin matices: la emergencia que invoca Petro no justifica pasar por encima de los gobiernos locales ni vaciar sus presupuestos. Y esta vez, la resistencia no viene solo de la oposición, sino también de aliados que ya no están dispuestos a convalidar decisiones tomadas a espaldas de los territorios.