Sin embargo, pocas horas antes de la audiencia, Guerrero envió una carta solicitando su reprogramación al argumentar que todavía no logró contratar un abogado de confianza para asumir su defensa. El juzgado aceptó el pedido y deberá fijar una nueva fecha para la diligencia.

Durante la audiencia, la fiscal del caso también informó que desistía de solicitar una medida de aseguramiento contra la investigada. Según explicó, por el momento no se cumplen los requisitos procesales para pedirla, ya que Guerrero no ocupa actualmente un cargo en la administración pública y no existen indicios de que esté obstaculizando la investigación.

Fuentes judiciales indicaron que, tras la audiencia fallida de la semana pasada, la Fiscalía volvió a radicar la solicitud de imputación que también incluye a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Universidad San José, señalado como presunto responsable de la entrega de varios títulos académicos irregulares.

La funcionaria judicial consideró que la imputación formal es suficiente en esta etapa del proceso y que no existen fundamentos para solicitar una medida privativa de la libertad.

Un abogado que pidió mantener su identidad en reserva recordó que en la primera citación Guerrero también argumentó que no contaba con defensor, por lo que se reprogramó la diligencia y se le asignó un defensor público.

“En esta segunda oportunidad ya tiene un abogado designado, pero solicitó más tiempo para contratar uno de confianza. Por eso pidió nuevamente el aplazamiento. La Fiscalía habría solicitado esta audiencia para presionar su comparecencia y luego retirar la medida de aseguramiento”, explicó la fuente.

Por su parte, la congresista Jennifer Pedraza cuestionó la situación a través de la red social X. Allí afirmó que Guerrero no asistió a la audiencia de imputación pero sí participó en la elección de rector de la Universidad Popular del Cesar.

Además, sostuvo que la investigada ya cuenta con un abogado pagado con recursos públicos y criticó que por segunda vez se haya solicitado reprogramar la diligencia, al tiempo que señaló que la Fiscalía finalmente desistió de pedir una medida de aseguramiento en el proceso.