Las empresas que cubren estos trayectos reportaron una afectación del 100 por ciento.

Samir Echeverry, director de la Asociación de Transportadores de Pasajeros, describió una situación alarmante: "Hay falta de seguridad y garantías. Los conductores sienten miedo al salir de viaje y los usuarios preguntan si pueden viajar con seguridad. Esto genera pérdidas porque dejan de viajar o prefieren la vía aérea".

Impunidad que se propaga

Además de Antioquia, Norte de Santander y la Costa Caribe sufrieron amenazas, panfletos intimidatorios, bloqueos e incineración de vehículos.

El caso del bus quemado por el ELN en Valdivia simboliza hasta dónde llega la audacia de un grupo que supuestamente dialoga con el gobierno.

Mientras el presidente Petro insiste en su fallida "paz total", los colombianos pagan el precio: empresas quebradas, familias sin ingresos, ciudadanos atemorizados y regiones enteras paralizadas por la violencia.

El sector transportador solicitó al Ministerio del Interior reforzar la seguridad en las carreteras, un pedido que no debería ser necesario si el gobierno cumpliera con su función básica: garantizar el orden y proteger a los ciudadanos.

La pregunta que muchos se hacen es cuánto más debe sufrir el país antes de que esta administración reconozca que dialogar sin exigir el cese de hostilidades solo fortalece a los violentos.

Los 3 mil millones perdidos son apenas una cifra; el verdadero costo es la confianza rota en un Estado ausente.