En la práctica, la etapa de indagación se transformó en un embudo en el que los expedientes permanecen durante meses o incluso años, hasta ser archivados o suspendidos sin resolución. De hecho, allí se concentra el 97,9 por ciento de los casos inactivos.

Un inventario que no deja de crecer

En 2024 se registraron 1.871.244 nuevas noticias criminales bajo la Ley 906 de 2004. Al cierre del año, el 50,8 por ciento seguía activa y el 49,2 por ciento ya se encontraba inactiva. Con ese ritmo, el SPOA arrancó 2025 con 3.419.076 procesos pendientes, un 12,9 por ciento más que en 2023.

Aunque la variación general de denuncias frente al año anterior fue de apenas 0,4 por ciento, el informe muestra cambios en la tipología: los delitos querellables subieron 8,4 por ciento, mientras que las denuncias directas cayeron 3 por ciento y las iniciadas de oficio descendieron 2,2 por ciento.

Lo más preocupante es la disminución en la capacidad de evacuar expedientes: en 2024 la Fiscalía logró cerrar 1.455.495 noticias criminales, lo que representa una baja del 23,7 por ciento respecto al año previo. Por cada caso que sale, entra más de uno nuevo, lo que multiplica la congestión.

Cierres que no resuelven

El mecanismo más usado para cerrar procesos fue el archivo, que concentró más del 80 por ciento de las salidas. Se incluyen aquí investigaciones sin pruebas suficientes, denuncias retiradas o causas paralizadas por la ausencia del denunciante. También figuran, en menor medida, inactivaciones por acumulación o conexidad procesal.

“El panorama es desalentador: el sistema no está resolviendo los delitos, sino gestionando su propia congestión mediante la renuncia a investigarlos”, advierte el informe.

Reformas sin impacto real

Aunque en los últimos años se impulsaron medidas como el procedimiento penal abreviado —creado por la Ley 1826 de 2017— para acelerar los trámites en delitos menores, el estudio concluye que no hubo una mejora sustancial. En 2024, el 69,1 por ciento de las denuncias se gestionó por esa vía, que reduce el proceso a dos audiencias. Sin embargo, la mayoría siguió estancada en la indagación, mostrando que la simplificación procesal no compensa la falta de personal y la sobrecarga laboral.

La Fiscalía contó en promedio con 4.685 cargos en 2024, es decir, apenas 8,9 fiscales por cada 100.000 habitantes. De ellos, el 79,9 por ciento estaba en condición de provisionalidad, lo que genera inestabilidad y rotación constante.

Un reto estructural para el Estado

El informe plantea que el sistema penal colombiano logra abrir investigaciones, pero no concluirlas con fallos o sanciones efectivas. En consecuencia, la justicia deja de cumplir su misión básica: garantizar que los delitos sean investigados y castigados.

El desafío, subraya el estudio, está en reforzar la planta de fiscales con cargos en propiedad, mejorar la gestión de audiencias y reducir la brecha entre indagar y hacer justicia. Mientras nueve de cada diez denuncias sigan estancadas en la primera etapa, el sistema será visto más como un archivo de casos que como un instrumento real de justicia.