El fallo del alto tribunal resalta que “se acreditaron todas las exigencias constitucionales y legales” para dar vía libre a la solicitud norteamericana, consignada en la acusación sustitutiva 25CR0442-H, del 7 de marzo de 2025.

Tras este aval, corresponde al presidente de la República autorizar o negar la entrega del capo, decisión que se mantiene en suspenso mientras siga en curso la mesa de paz.

El caso ha generado tensiones políticas y diplomáticas. Tanto el presidente Petro como el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, se han mostrado contrarios a la extradición para garantizar la continuidad del proceso, pese a que los Comandos de Frontera no han cesado sus crímenes.

Esta postura ya había provocado fricciones con Washington por la negativa a extraditar a otros líderes armados, como “Mocho Olmedo” de las disidencias de las Farc y “HH” del ELN.

En una entrevista con El Colombiano, el encargado de negocios de la embajada estadounidense, John McNamara, fue tajante: “Estas personas han mandado ese veneno a nuestro país. Tenemos la certeza de que siguen delinquiendo. Es una decisión de Colombia, pero nuestro interés sigue siendo fuerte en llevar a esos bandidos a la justicia, porque las víctimas la merecen”.

De acuerdo con la investigación de la justicia norteamericana, entre enero de 2017 y febrero de 2025, la estructura de alias Araña coordinó el envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, utilizando la ruta que atraviesa México. También imponía cobros a otros narcotraficantes que operaban en zonas de Putumayo y Caquetá.

Uno de los cargamentos atribuidos a su organización, de 1.500 kilos de cocaína, fue incautado en marzo de 2024 por la Armada de México.

Lo más delicado es que, pese a ser reconocido oficialmente como negociador de paz por el Gobierno en febrero de 2024, la acusación norteamericana indica que Rojas continuó al frente del tráfico de drogas mientras ocupaba ese rol.