El proceso judicial se originó hace más de una década cuando Uribe, quien fue presidente entre 2002 y 2010, denunció que un senador opositor intentaba involucrarlo con paramilitares en una finca familiar en la década de 1990. Sin embargo, la investigación dio un giro inesperado y Uribe terminó siendo investigado por supuestamente presionar a testigos para que se retractaran a cambio de beneficios.

En la audiencia de formalización de la acusación, la Fiscalía acusó a Uribe de soborno en la actuación penal sobre testigos y fraude procesal. La jueza Sandra Liliana Heredia rechazó la solicitud de nulidad del proceso presentada por la defensa de Uribe, que argumentaba violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa. "En todo momento se le ha respetado la garantía del juez natural", afirmó la magistrada, calificando la nulidad como "totalmente improcedente".

Este caso tiene sus raíces en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por intentar vincularlo con la creación de un grupo paramilitar. En 2018, la Corte Suprema revirtió la situación, desvinculando a Cepeda y abriendo una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos.

El juicio contra Uribe corre contra el tiempo, ya que se estima que el proceso prescribirá en octubre de 2025, lo que podría impedir la culminación de todas las etapas judiciales y la emisión de una sentencia. Según el abogado penalista Fabio Humar, Uribe podría renunciar a la prescripción, lo que extendería el proceso por dos años más y permitiría llegar a una sentencia de segunda instancia antes de que la acción penal caduque definitivamente.