Antes de unirse a la Ungrd, Pinilla enfrentaba denuncias por presuntas irregularidades como alcalde de Sabana de Torres (Santander) entre 2016 y 2019, especialmente en relación con un contrato de $13.000 millones para el mejoramiento de vías, firmado antes de dejar el cargo. A pesar de las advertencias enviadas al presidente Gustavo Petro sobre estos antecedentes, las denuncias fueron desestimadas.

El caso ganó atención mediática el 22 de mayo, cuando Blu Radio reveló detalles sobre cómo las advertencias al presidente Petro sobre Pinilla fueron ignoradas. En respuesta a una carta de Déiver Parra Rondón, quien advirtió sobre las actuaciones de Pinilla, Claudia Milena Murillo, jefa del despacho presidencial, defendió las decisiones de nombramiento del Ejecutivo, resaltando la autonomía de las entidades del Estado y el criterio de mérito en la selección de funcionarios.

Murillo argumentó que las entidades estatales tienen autonomía para gestionar sus intereses y que la selección de Pinilla fue responsabilidad de Olmedo López, el nominador en este caso. La respuesta subrayó que el presidente de la República ha elegido su gabinete con responsabilidad, basado en mérito y criterios técnicos.

Esta respuesta causó indignación, pues Murillo minimizó las acusaciones contra Pinilla y enfatizó en el proceso de selección de funcionarios por parte del presidente. La jefa de despacho evitó pronunciarse específicamente sobre el nombramiento de Pinilla, delegando la responsabilidad a López y afirmando que el presidente no puede intervenir en asuntos específicos de las entidades.

Finalmente, Murillo concluyó que el presidente no podía actuar sobre las observaciones hechas respecto a Pinilla, quien ahora es el exfuncionario dispuesto a colaborar con la justicia en las investigaciones sobre corrupción en la Ungrd.