Se ríe en tu cara: Petro derrochó una millonada en publicidad oficial

En medio de la crisis económica anunciada por el presidente Gustavo Petro, el gasto del Gobierno en propaganda y publicidad ha desatado un intenso debate público. Según un informe reciente, desde el inicio de su mandato en agosto de 2022, la administración Petro ha destinado más de 131.535 millones de pesos a este rubro, una cifra que contrasta con el plan de austeridad fiscal promovido por el propio Ejecutivo.
El presupuesto, que incluye contratos con medios tradicionales, plataformas digitales e influenciadores, supera ampliamente los 40.000 millones de pesos invertidos por el Gobierno de Iván Duque en su cuatrienio, incluso en medio de la pandemia de COVID-19. Solo en 2024, el gasto en publicidad alcanzó los 63.508 millones de pesos, distribuidos principalmente entre tres medios públicos: RTVC, Canal Trece y Telecafé.
Colombiano, lea bien esta cifra: $131.000.000.000 (ciento treinta y un mil millones de pesos) se ha gastado @petrogustavo para su propia propaganda. No hay para mejorar las capacidades operativas del Ejército, que tanto hacen falta en el Catatumbo hoy. Tampoco para la lucha… pic.twitter.com/os4GcLJfFw
— Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) January 19, 2025
Medios públicos, los principales beneficiarios
RTVC ha sido el mayor receptor de los contratos publicitarios del Gobierno, con una inversión total de 38.432 millones de pesos en 2024. Destaca un contrato de 20.700 millones de pesos firmado con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para promover la oferta institucional en el marco de la reforma agraria. Además, RTVC ha gestionado acuerdos con los ministerios de Cultura (5.405 millones), Educación (2.500 millones) e Interior (1.973 millones), entre otros.
Por su parte, Canal Trece manejó contratos por 17.084 millones de pesos, principalmente con los ministerios de Salud (10.778 millones) y Educación (2.099 millones). Telecafé, en tanto, firmó acuerdos por 7.991 millones, incluyendo contratos con el Ministerio de Ambiente por 3.900 millones de pesos.
La apuesta por los medios públicos, según el Gobierno, busca garantizar la difusión de políticas prioritarias. Sin embargo, críticos han señalado posibles vínculos políticos entre directivos de estas entidades y el Ejecutivo, lo que ha encendido el debate sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos.
Influenciadores en la narrativa gubernamental
El Gobierno también ha recurrido a influenciadores para reforzar su mensaje en redes sociales. Según el informe, al menos cinco creadores de contenido tienen contratos que superan los 620 millones de pesos en total.
Entre ellos destacan Celso Tete Crespo, asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), con un salario mensual de 13.39 millones de pesos, y Walter Alfonso Rodríguez, conocido como “Wally Opina”, contratado por RTVC con una remuneración de 10.13 millones de pesos mensuales.
Otros nombres incluyen a María Nini Echeverry, vinculada a la Superintendencia de Salud con un sueldo similar, y Laura Daniela Beltrán, conocida como “Lalis”, contratada por la Superintendencia de Industria y Comercio con una asignación de más de 6 millones de pesos mensuales.
Estos influenciadores han utilizado sus plataformas para defender las políticas gubernamentales y responder a las críticas de la oposición, generando controversia sobre su papel en la narrativa oficial. Ante las críticas, el presidente Petro justificó las contrataciones y pidió a la Fiscalía investigar presuntos ataques en su contra.
Nuevas directrices para 2025
En noviembre de 2024, el presidente Petro emitió una directiva que exige destinar el 33,3 por ciento del presupuesto de publicidad a medios comunitarios, alternativos y digitales a partir de 2025. Según el Gobierno, esta medida busca diversificar la pauta oficial y reducir la influencia de los “medios hegemónicos”, con los que el mandatario ha tenido tensiones.
El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, defendió esta estrategia al argumentar que la pauta oficial contribuye a la sostenibilidad de los medios de comunicación. “Si el Gobierno no les ayuda, tampoco hay libertad de prensa”, afirmó.
No obstante, sectores opositores han interpretado la medida como un intento de fortalecer la narrativa progresista y aumentar el control del Ejecutivo sobre el ámbito mediático.