Opinión
Contrabando

Quién es "Papá Pitufo", y desde cuándo lo conoce el país en sus actividades criminales

Diego Marín Buitrago, el “Zar del Contrabando”.

Por Fabio Santana Urrego

Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, señalado como el mayor “Zar del Contrabando” en la historia del país, se le conoce desde hace más de treinta (30) años cuando empezó a figurar desde 1994. Colombiano de nacimiento y español por adopción, donde adquirió la nacionalidad para blindar todas sus acciones delictivas con el manto de la impunidad.

Nació en Palestina (Caldas) el 12 de agosto de 1962, en la actualidad tiene 64 años de edad y cerca de cuarenta años delinquiendo y sobornando autoridades de todo orden. Ha financiado campañas políticas presidenciales, parlamentarias, concejos, asambleas, oficiales de alto rango, especialmente Policía Fiscal y Aduanera “Polfa”, organismo que se estableció con el propósito de vigilar que no ingresara el contrabando al país, para evitar la destrucción de pequeñas fábricas y talleres, dedicados a determinadas actividades vinculadas con el ingreso legal de gran parte de esas mercaderías ilegales, calificado como uno de los mayores contrabandistas de Colombia.

Era un empresario acusado de dirigir y liderar una red internacional criminal dedicada exclusivamente al movimiento internacional de mercancías por los principales puertos colombianos, especialmente Buenaventura. En forma simultánea, además de movilizar mercaderías de contrabando, también se dedicaba al lavado de activos, operando clandestinamente con altos niveles de impunidad. El seudónimo atribuido, proviene de “pitufeo”, considerado como una modalidad técnica de lavado de dinero en pequeñas cantidades.

El apelativo de "Zar del Contrabando” se le atribuyó por virtud de su bien estructurada organización con tentáculos que le permitía ejercer poder y alcance sobre la corrupción en la Dian, la Policía y algunos sectores políticos. Otros le señalan de haber sido uno de los “traquetos” más poderosos porque ha gozado de mantener su operación ilegal con total impunidad, sin sufrir atentados contra su vida, por parte de su grupo delictivo, o ser extraditado, a diferencia de otros personajes de igual naturaleza y condición

Fue capturado en España en la operación Belalcázar-II”, en el año de 1994, señalado de diseñar esquemas de lavado de activos para los hermanos Rodríguez Orejuela del Cartel de Cali, y contrabando hacia el Departamento del Valle del Cauca. Se ingresaban electrodomésticos cargados de billetes, alimentando el mercado del dólar negro. Era tanta su influencia en esta actividad que rápido extendió su operación a España y Miami, momento en el que logró obtener licencias para hacer envíos urgentes, aprovechando esa vulnerabilidad para mover mercancía ilegal “…tuvo vínculos con personas de agencias americanas de inteligencia y seguridad”.

De acuerdo con informes de la DEA, desde el año 1993 ya se dedicaba al blanqueo de capitales a través de una red de contrabando, para la época consolidada y estructurada. Su vínculo con esta red se caracterizó por ser un personaje anónimo, cuyas operaciones las realizaba en la sombra, sin que fuera molestado y menos detectado por parte de las autoridades aduaneras, durante muchos años.

Estos temas permiten comprender la complejidad del caso dentro del sistema de justicia y la lucha contra el comercio ilícito. Ha sido un impacto económico del contrabando a gran escala en toda la región, por la deficiencia del marco legal colombiano en relación con los delitos de lavado de activos.

Un exdirector de la Dian, amenazado, cuya identidad se reserva, manifestó que “papá pitufo” fue “un hombre con enorme poder en el puerto de Buenaventura y gran influencia en el Valle del Cauca, capaz de mover mercancías ilegales y ofrecer millonarios sobornos para garantizar el tránsito de productos de contrabando y garantizar logística en toda la zona del Valle y Huila…, logró constituir su poder gracias a la cercanía con el cartel de los Rodríguez Orejuela”.

Otro exdirector de la Dian, Lisandro Junca, ha expuesto ante la opinión pública, algunos pormenores acerca del criterio que tiene sobre el problema estructural de la entidad, refiriendo que la actividad de “Papá Pitufo” data de la época de Pablo Escobar y que varios políticos del Valle, siempre han mostrado interés, disputándose el Puerto de Buenaventura por ser considerado el más importante para esta actividad ilegal. Que esta estructura tiene nexos con el Clan del Golfo a través de “Chiquito Malo”, que es tanto el volumen de contrabando movido por este grupo que puede alcanzar hasta el diez ‘por ciento (10 por ciento) del consumo de mercancías de todo el país, valuado en una suma aproximada de 8.800 millones de dólares. Que además del contrabando tradicional de mercaderías, introducen armas, fusiles especiales y drogas sintéticas por el sistema del tráfico postal.

Así mismo, hizo referencia al caso del empleado de baja jerarquía, con remuneración modesta, inspector de Aduanas, Omar Ambuila, quien fue vinculado a una investigación, capturado para la época de la pandemia y puesto a órdenes de juez quien dispuso su libertad; por el caso de su hija Jenny, quien publicaba en redes sociales en EU, lujos excéntricos, utilizados como pista para descubrir la red de corrupción en el puerto de Buenaventura. En el garaje de su casa guardaba un Lamborghini Huracán Evo de 819 millones y un Porche.

Posteriormente recapturado y extraditado a EU, por parte del gobierno colombiano, quien lo dejó a órdenes de una Corte en Tampa, Florida. Sobre el trámite e importancia de este proceso, manifiesta que es tan delicado, presagiando las negociaciones que haría este sindicado con la Fiscalía, en su allanamiento y confesión donde vinculará políticos, empresarios y muchos servidores públicos vinculados al área de las aduanas.

Hay un hecho calificado de importante porque un contrabandista conocido como alias “el bendecido” tuvo relación con una excomandante de la Polfa, retirada, no mencionó su nombre y retirada por unos indicios con Ricardo Orozco, vinculado con la estructura de “Papá Pitufo”, que no acusa a nadie, pero que si Gustavo Petro tiene dudas no es de funcionarios de otros gobiernos sino de su propio gobierno.

El problema de Petro gira en torno a denuncias de financiación ilícita de campaña, infiltración criminal y presuntos vínculos con sectores corruptos del Estado, un caso que ha generado una fuerte crisis en el gobierno, durante los años 2025 y 2026.

Se denuncia que “papá pitufo” entregó 500 millones de pesos a la campaña presidencial de Petro en 2022. Petro afirmó haber ordenado la devolución de ese dinero al considerar la donación como una maniobra ilícita, por parte de quien lidera una red de contrabando impunemente durante varios años, infiltrando instituciones públicas vinculadas al recaudo de impuestos nacionales.

Relaciones recientes de 2026, indican que emisarios del gobierno se reunieron con papá pitufo y su abogado, supuestamente para ofrecer beneficios judiciales a cambio de información sobre contrabando y lavado de activos, intentando incluirlo en la política de “paz total” a espaldas de la Fiscalía.

Tras años de evadir la justicia, “Papá Pitufo” fue recapturado en diciembre de 2024 después de haberse fugado de la ciudad de Valencia, España, mientras disfrutaba libertad provisional, beneficio que aprovechó para huir a Portugal, todo indica que a mediados de 2025 el Tribunal Supremo de Portugal le concedió la libertad mientras resuelve solicitud de asilo político.

Actualmente está en libertad en Portugal, con restricciones de movilidad fuera de la Unión Europea, mientras continuaba el proceso de extradición, ya autorizado por el Tribunal de Oporto hacia Colombia. Se encuentra acusado por los delitos de concierto para delinquir y cohecho en relación con una red de contrabando. También incluye presuntos sobornos a la Policía Fiscal y aduanera.

El caso se encuentra en plena investigación ante una Fiscalía en Colombia, esperando su regreso para imputación de cargos. Sin embargo, al parecer uno de sus hijos está en conversaciones con la Fiscalía, condicionando su regreso al País en calidad de deportado y no de detenido, ofreciendo a cambio suministrar nombres, sumas de dinero entregadas en los supuestos sobornos, lavado de activos, corrupción, contrabando, fechas y demás detalles relacionados con la acusación en Colombia.

Petro ha expresado que espera su regreso al país para que confiese, mientras se investiga cómo logró evadir las autoridades anteriormente. En resumen, no es una pelea personal tradicional, sino un escándalo de seguridad, ética política donde el presidente busca procesar a un hombre que supuestamente intentó sobornar o financiar su camino al poder para asegurar la impunidad de sus actividades

El presidente Petro reconoce que su campaña sí recibió 500 millones de pesos de Diego Marín “Papá Pitufo” pero que ordenó su devolución, previa grabación. Sin embargo, el video nunca llegó a sus manos de parte de Augusto Rodríguez, persona de confianza quien fue delegado para que coordinara la devolución de los 500 millones, supuestamente donados a la campaña presidencial.

Según Arturo Lemos, exdirector de la DNI, informa que él y María Ximena Dussán sí conocieron el video, pero que se desconocen las circunstancias por las que esa grabación no aparece y que por ese motivo se ha formulado denuncia penal contra Ramón Devesa, hacker español, persona que hizo la grabación.

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