A este escenario se suma la crisis interna del Ejército, hoy desorientado ante la redefinición de amenazas, con tropas móviles que no pueden permanecer cerca de los cascos urbanos y con una Policía insuficiente para cubrir el vasto territorio. El resultado es un país donde los grupos armados avanzan y la ciudadanía sigue desprotegida.

Frente a este panorama, surge una propuesta estructural: crear una Guardia Rural, una tercera fuerza nacida del desdoblamiento del Ejército y una parte de la Policía más militarizada. Su función sería exclusiva: garantizar seguridad permanente en las zonas apartadas, interactuar con las comunidades y ejercer autoridad bajo ley y orden. A diferencia del Ejército —que actúa por “exceso” con operativos puntuales— y de la Policía —que llega por “defecto” y sin recursos suficientes—, una Guardia Rural tendría presencia estable y capacidad preventiva real.

El modelo, aseguran los impulsores, permitiría reorganizar al Ejército como fuerza estrictamente militar, aumentar su capacidad frente a amenazas verdaderas y fortalecer la seguridad ciudadana al concentrar a la Policía en centros urbanos. Además, remarcan que esta reforma sería viable sin presupuestos extraordinarios, ya que aprovecharía personal, logística y cuarteles existentes.

En un país donde la violencia sigue mutando y avanzando, la propuesta de una Guardia Rural entra de lleno en el debate nacional. Para sus defensores, se trata de la pieza institucional que ha faltado por décadas para recuperar el territorio y proteger a las comunidades que hoy viven bajo el dominio del crimen. Para un Gobierno que insiste en diálogos que no frenan la expansión de los grupos armados, es un llamado urgente a replantear la estrategia.