Aun cuando, en agosto, la Corte Constitucional ya había dado la razón de esta decisión a quienes manifestaban su inconformidad con las funciones jurisdiccionales del Ministerio Público referente a las inhabilitaciones y destituciones, se había dejado abierta la posibilidad de que el ente de control determinara sanciones como la inhabilitación o la destitución, solo si el Consejo de Estado lo permitía.

El polémico proyecto de reforma está avalado por el Presidente, quien lo ha promovido y considera que es necesario para “dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Petro Urrego vs. Colombia”. Esto último fue un caso que se escaló hasta el organismo internacional luego de que Gustavo Petro fuera inhabilitado de su entonces cargo como alcalde mayor de Bogotá por parte del también entonces procurador Alejandro Ordoñez, debido a un sistema fallido de recolección de basuras propuesto por la administración de Petro.

Esta circunstancia, además, se produce en medio de controversia protagonizada por el mandatario y la procuradora Margarita Cabello Blanco, cuando el Presidente no acató el fallo disciplinario del ente de control que suspendió al alcalde de Riohacha. En esa ocasión, la funcionaria no dudó en considerar la posición del jefe de Estado como un desconocimiento al Estado social de derecho.

Pero, aparte de esto, otra importante función de la Procuraduría se suprimiría: esta es la de interponerse en los procesos penales. Según Osuna, “y adicionalmente, dando respuesta a un estudio de muchísimos casos y abogados, se retira la función de intervención de la Procuraduría en los procesos del sistema Penal Acusatorio”.

Pese a esta disposición, en el proyecto legislativo buscará trasladar a funcionarios del Ministerio Público a la rama judicial para que puedan intervenir en los procesos penales. El Ministro de Justicia menciona que “van a quedar una serie de funcionarios, a quienes se les va a garantizar su estabilidad laboral, su salario, pero que se trasladan al poder judicial, ya sea como jueces o como fiscales”.

Sobre la implementación de esta última medida, el funcionamiento de la portabilidad de estos funcionarios será determinado por el Presidente. El ministro Osuna enfatizó que el acto legislativo otorgará al jefe de Estado las facultades para decidir.

Este aspecto, en algunos sectores genera pánico, pues es permisivo con posibles facultades extraordinarias en favor del presidente de la República, para trasladar a procuradores judiciales y otros funcionarios de la Procuraduría a la rama judicial.

El Consejo Superior de Política Criminal, quien ha estado estudiando el acto legislativo, ha dado un visto bueno a la propuesta. La iniciativa continuará siendo debatida en el Congreso de la República.

¿Qué responde la Procuraduría?

El desazón percibido por el organismo de control está fundamentado, en parte, porque a pesar de que el fallo de la Corte Constitucional había respondido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que su decisión sobre el caso de Petro no estaba por encima de la Constitución, el proyecto de acto legislativo sigue en pie.

Asimismo, las modificaciones que se le puedan hacer a la Carta Magna, especialmente en los artículos 117, 118, 268, 277 y 278 (también se derogaría el parágrafo primero del artículo 250) son causa de preocupación por parte de la Procuraduría. Sin embargo, se está a la espera de las declaraciones de la funcionaria Cabello sobre este proyecto de acto legislativo.