La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha lanzado una advertencia urgente sobre la grave situación, exigiendo al Gobierno nacional medidas inmediatas para proteger a los ciudadanos afectados, especialmente a indígenas y afrodescendientes.

Sin embargo, las autoridades parecen más preocupadas por mantener su narrativa de "paz total" que por garantizar la seguridad de la población.

El cinismo del gobierno de Petro queda en evidencia cuando, pese a que el ELN levantó su paro armado hace dos semanas, los combates contra el también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) continúan, dejando un saldo de cerca de 4.000 desplazados y más de 12.000 personas confinadas, según cifras de la Gobernación. ¿Dónde está la respuesta del Estado?

Desde la Oficina de la ONU han reiterado que en varias comunidades del Chocó las restricciones a la movilidad siguen vigentes y que incluso hay amenazas contra quienes intenten desplazarse en lancha. La pregunta es clara: ¿cómo es posible que el Gobierno permita que estos grupos impongan su ley mientras el pueblo colombiano queda indefenso?

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, no dudó en cuestionar la inacción del Ejecutivo: "Yo jamás había visto las vías de mi territorio selladas con banderas y pipetas, con cilindros bomba", denunció en la cumbre de gobernadores realizada en Villa de Leyva, dejando en claro la gravedad de la situación.

A esto se suma la advertencia de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien en una entrevista con EFE aseguró que el ELN y el Clan del Golfo han experimentado una preocupante expansión en los últimos cinco años. Según la Defensoría del Pueblo, la violencia armada en el país ha generado 11 crisis humanitarias simultáneas, dejando en evidencia la incapacidad del gobierno de Petro para recuperar el control territorial.

El Chocó, al igual que muchas otras regiones de Colombia, está sumido en el abandono y el desgobierno.

Mientras Petro se enfoca en su fracasada estrategia de "paz total", los grupos armados siguen ganando terreno y sometiendo a la población civil al terror. La pregunta es clara: ¿cuántas vidas más deben perderse antes de que el gobierno asuma su responsabilidad y actúe con firmeza?