El Gobierno del presidente Gustavo Petro estableció nuevas condiciones para que el sector privado pueda contratar con el Estado, incorporando la inclusión de personas con discapacidad como uno de los requisitos.
Se trata de una disposición vinculada a los procesos de contratación estatal que obliga a las empresas a incorporar al menos dos personas con discapacidad. Desde distintos sectores empresariales advierten que esta medida podría afectar el presente y el futuro de miles de compañías.
La retención en la fuente sobre honorarios es uno de los temas que más dudas genera entre empresarios, contadores y profesionales independientes en Colombia. Un reciente concepto de la DIAN volvió a poner sobre la mesa ... https://t.co/wwLMzlVsGT pic.twitter.com/TL8gXKFe29
— micontabilidad (@micontabilidad) March 24, 2026
En ese contexto, algunos empresarios plantean interrogantes sobre el trasfondo de la iniciativa y se preguntan si la medida tiene algún vínculo con la eventual campaña presidencial de Iván Cepeda, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.
Además, se conoció que el Gobierno analiza implementar otra disposición que obligaría a las empresas a incluir a campesinos de los 32 departamentos del país dentro de los procesos licitatorios.
Desde sectores de la oposición en el Congreso de la República sostienen que este tipo de requisitos podría dificultar el crecimiento del sector privado y condicionarlo a lineamientos políticos. En paralelo, empresarios expresan su preocupación por la viabilidad de sostener sus actividades bajo estas nuevas exigencias.
La medida ya genera polémica en Colombia y se suma a las tensiones existentes entre el Gobierno y el sector empresarial, en un contexto económico desafiante.
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