Los datos exponen un cambio de clima profundo y un deterioro que ya no admite matices.

Lejos de revertirse, la situación se agravó durante el gobierno de Gustavo Petro. Semana tras semana, denuncias, investigaciones y revelaciones contradicen el discurso de transformación ética que dominó la campaña electoral y hoy erosionan la confianza pública.

Esa percepción negativa quedó reflejada en el último Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional.

En 2025, Colombia obtuvo 37 puntos sobre 100 y cayó al puesto 99 entre 182 países evaluados.

El retroceso es claro: en 2024 había alcanzado 39 puntos y el puesto 92, y en 2023 había logrado su mejor registro de la última década, con 40 puntos. La tendencia descendente se consolidó en apenas dos años.

El informe advierte que, pese a algunos avances puntuales en el pasado, el país no logró sostener una mejora estructural en la percepción de la corrupción en el sector público. Por el contrario, predominan estancamientos y retrocesos que hoy se traducen en un descreimiento generalizado.

En ese contexto, la agenda judicial sumó nuevos capítulos. La Fiscalía General de la Nación anunció que formulará cargos contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial y por tráfico de influencias.

También avanzó en imputaciones contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez por delitos vinculados a fraude procesal y falsedad documental en el ámbito educativo.

A esto se agregó una denuncia del exsecretario de Transparencia Camilo Enciso, quien advirtió sobre un presunto desvío de recursos de la banca de desarrollo territorial para favorecer a municipios alineados políticamente con el Ejecutivo. Según señaló, desde 2024 la asignación de fondos habría respondido a criterios partidarios y no técnicos.

Para los organismos de control, estos hechos no son aislados y adquieren mayor gravedad por producirse en el último tramo del mandato y en un escenario preelectoral.

La persistencia de escándalos en las más altas esferas del poder, sumada a la falta de una política anticorrupción integral y sostenida, amplió la brecha entre las expectativas iniciales y los resultados percibidos por la sociedad.

El caso de la Unidad de Gestión del Riesgo terminó de sacudir al Ejecutivo. Fondos destinados a emergencias en zonas vulnerables habrían sido utilizados como herramienta de negociación política.

El escándalo derivó en funcionarios procesados, congresistas detenidos y una cadena de responsabilidades que alcanzó a distintos niveles del Estado.

La indignación social se profundizó con la situación de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, señalado como una de las piezas clave del entramado y actualmente asilado en Nicaragua. Su imagen celebrando mientras pesa sobre él una circular roja de Interpol se convirtió en un símbolo de impunidad.

De cara al próximo gobierno, los especialistas insisten en que la lucha contra la corrupción debe transformarse en una prioridad estratégica, con liderazgo ético desde los niveles más altos, prevención efectiva y sanciones ejemplares. Sin ese giro, advierten, la desconfianza seguirá marcando el vínculo entre el Estado y la ciudadanía.