Por Antonio Rocha (*), especial para NOVA
En plena época de déficit fiscal, el señor Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, se hizo aprobar por el Congreso de la República la no despreciable suma de 600 mil millones de pesos, para satisfacer su ego con la llamada Universidad de la Procuraduría, cuyo nombre oficial es Instituto de Estudios del Ministerio Público, con el que se busca, según el Procurador, entre otras cosas, capacitar personeros de distintos municipios.
Como representante legal de la @UP_Colombia, acompaño la solicitud del @PactoCol al Procurador Gregorio Eljach Pacheco (@PGN_COL ) para activar de inmediato la Comisión Nacional de Control Electoral.
— Gabriel Becerra - Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) November 13, 2025
La democracia exige seguridad jurídica, transparencia y garantías para todos.… pic.twitter.com/PaYdyOJZgH
El presidente Gustavo Petro acaba de sancionar la Ley 2353 de 2025, a la que el Congreso le dio el visto bueno en los últimos meses luego del impulso del Procurador.
Hay que recordar que los requisitos para ser personero están definidos principalmente por la Ley 136 de 1994 (artículo 170), modificada por la Ley 617 de 2000, estableciendo que depende de la categoría del municipio (requiriendo título de abogado y posgrado para categorías altas), y solo abogado para categorías medias y bajas, y que su elección debe ser por concurso público de méritos gestionado por el Concejo Municipal.
Si la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) es un establecimiento público del orden nacional de carácter universitario, cuyo objeto es la formación, la investigación y la extensión académica, que comprende los pregrados en Administración Pública y una amplia oferta de posgrados como especializaciones y maestrías en áreas como Finanzas Públicas, Gerencia Social, Gestión Pública, Derechos Humanos, Gestión Ambiental, etc., cabe preguntarse: ¿para qué esta nueva institución? ¿Se convertirá el Instituto del Procurador en competencia para la ESAP? El tiempo lo dirá.
A propósito de este "capricho" aprobado por un Congreso irresponsable en la Ley de Presupuesto (546,9 billones) y que además contempla la necesidad de recursos adicionales por 16,3 billones, que serán gestionados a través de la Ley de Financiamiento que el Ministro de Hacienda presentó y radicó hace unos meses y que, con este monto, aspira a reducir el déficit (se aumentó al 65,5 por ciento el gasto de funcionamiento, quedando en 358,1 billones).
Trae a mi memoria otro "caprichito" del otrora Fiscal, hoy exfiscal Eduardo Montealegre Lynett, quien anunció con bombos y platillos la creación de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), que duró apenas un semestre. 39 estudiantes, que laboraban en la Fiscalía y se matricularon en dos especializaciones que se ofrecieron, y donde cada uno pagó 1.500.000 de pesos, vieron frustradas sus aspiraciones.
¿Les devolverían el dinero? Se dice que la inversión fue del orden de más de 31 mil pesos millones de pesos en los años 2014 y 2015. A propósito, ¿en qué irán las investigaciones de la Fiscalía por supuestos malos manejos?
Tengamos la esperanza en que el Instituto de Estudios del Ministerio Público no se convierta en otro "elefante blanco".
(*) Académico, excandidato presidencial.
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