El hermano fue polémico incluso durante la campaña, cuando ya se le vio visitando cárceles. Los medios contaron que hablaba con presos de alto perfil a los que un hipotético Gobierno de Petro podría ofrecerles beneficios penitenciarios a cambio de confesiones y entrega de dinero. Eso fueron los primeros pasos de la hoy política paz total. Juan Fernando tuvo que salir a desmentir todo, y ya entonces su hermano lo desautorizó y dijo que no hablaba en su nombre.

El caso ha ido a más y salpica ahora de lleno a la Presidencia. Juan Fernando sostiene que su familia más cercana está acongojada, pero que por encima de todo está la nación y que comparte lo que ha dicho el presidente, aunque en primera instancia se quejara de que él ha sido puesto en evidencia.

En los siguientes párrafos, un tanto confusos y enredados, Juan Fernando defiende su figura de hombre de paz, exculpándose de lo que se le acusa. “He desarrollado un trabajo silencioso a lo largo de territorios apartados, en medio de las comunidades, el cual nunca ha implicado el ofrecimiento de beneficios a condenados a cambio de dádivas”, escribe. El hermano menor de Gustavo Petro formaba parte de una comisión intereclesial de derechos humanos que hacía rondas por las prisiones de todo el país. Atribuye a conjuras maliciosas las intenciones de culparlo a él de algo que no ha hecho para afectar a su hermano, el presidente. Para acabar, asegura que su patrimonio es modesto y que puede ser investigado por la Fiscalía sin problema.

Los casos de Juan Fernando y Nicolás se han enredado y parecen el mismo, pero en realidad son diferentes. Es cierto que a ambos los investiga la Fiscalía General de la Nación, pero por asuntos muy distintos. Al primero se le indaga por su visita a las cárceles y por liderar, siempre supuestamente, un cartel de abogados que cobra comisiones a presos a cambio de favores. Esos convictos se acogerían al proyecto mayor del presidente conocido como paz total, que consiste en tratar de desactivar a la guerrilla y a todos los grupo armados y criminales del país mediante la negociación. Petro ya ha dicho que el único que está facultado para discutir con los cabecillas de las mafias es Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz. Juan Fernando, insiste, no tiene ni voz ni voto.

Nicolás está entrampado, en cambio, por unas declaraciones a la prensa de su esposa hasta hace bien poco, Day Vásquez. La mujer sostiene que el mayor de los seis hijos que tiene el presidente cobró grandes cantidades de dinero de manos de empresarios que creían estar metiendo dinero en la campaña de su padre. Con esas sumas se compró una lujosa casa en Barranquilla que escondió incluso a su madre, Katia Burgos, amor de juventud de Gustavo Petro, según se deduce de los chats de WhatsApp que se han hecho públicos.

El asunto, que se está volviendo un culebrón, ha afectado de lleno a Petro, que de forma contundente se ha desligado de la polémica: tanto su hijo como su hermano deberán enfrentar a la justicia y demostrar su inocencia. El presidente los ha dejado caer y los ha expuesto a la opinión pública y ahí es donde ellos se tienen que defender.