Las pesquisas están focalizadas en distintas regiones consideradas de riesgo, donde históricamente se han detectado irregularidades o donde existen alertas tempranas por parte de organismos de control.

El objetivo es determinar si detrás de los hechos denunciados operan estructuras organizadas para alterar la voluntad popular.

De manera paralela, las autoridades avanzan en la planificación de un amplio operativo de seguridad que implicará el despliegue de miles de uniformados antes, durante y después de la jornada electoral.

El propósito es custodiar puestos de votación, garantizar el normal desarrollo de las campañas y prevenir cualquier intento de interferencia ilegal.

Asimismo, se reforzaron los canales de denuncia para que la ciudadanía pueda reportar de forma oportuna posibles irregularidades.

Desde la fuerza pública señalaron que el compromiso es actuar con celeridad frente a cualquier señal de delito y asegurar que el proceso se desarrolle con plenas garantías para los votantes.