Según la Fiscalía, existen elementos materiales probatorios que indicarían fallas en los deberes de cuidado por parte del personal educativo el día de la desaparición de la menor, ocurrida el 12 de agosto de 2025. En el caso de la docente, se señaló que la estudiante habría salido del aula sin la supervisión adecuada ni verificación de su ubicación posterior, pese a su condición de especial vulnerabilidad.

El organismo judicial destacó que la niña, de 10 años y con síndrome de Down, requería un acompañamiento permanente, lo que habría incrementado las obligaciones de supervisión por parte del personal a cargo.

En paralelo, la imputación contra el encargado del área de infraestructura se basa en el estado de una malla perimetral del colegio que presentaba daños y que, según la investigación, habría permitido la salida de la menor hacia una zona externa. Dicho deterioro habría sido reportado previamente sin que se adoptaran medidas correctivas.

El cuerpo de Valeria Afanador fue hallado 18 días después de su desaparición, a pocos kilómetros de la institución educativa, en aguas del río Frío.

El abogado de la familia, Julián Quintana, consideró que la imputación representa solo una primera etapa del proceso judicial y pidió que la investigación se amplíe hacia otras responsabilidades dentro de la institución educativa.

En ese sentido, señaló que la familia solicita la inclusión de más implicados, entre ellos la rectora del establecimiento, a quien consideran responsable de la supervisión general del colegio.

La causa continúa en etapa de investigación mientras la justicia colombiana avanza en la determinación de responsabilidades en un caso que generó fuerte conmoción pública en el país.