La decisión fue avalada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, y junto con la orden de captura se activó el pedido de alerta roja a Interpol para facilitar la detención en cualquier país del mundo. La bomba judicial no termina ahí: en el mismo paquete están otras figuras clave del pasado judicial guatemalteco, como Telma Aldana, exfiscal general, y Mayra Véliz López, exsecretaria del Ministerio Público.

También figuran en la lista negra los exmiembros de la CICIG: Luis Gaitán Arana, Rudy Herrera Lemus, Ami Girón Rodas, además del expresidente de AmCham Guatemala, Juan Pablo Carrasco de Groot.

La bomba política no tardó en estallar en Colombia. Desde su cuenta en X, Iván Velásquez calificó la medida como una “persecución disfrazada de justicia” y aseguró que todo su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue “transparente y legal”.

La FECI acusa directamente a Velásquez de liderar una estructura criminal dentro de la CICIG que habría favorecido a Odebrecht, generando pérdidas millonarias para el Estado guatemalteco. Según el Ministerio Público de ese país, el daño supera los 3 mil millones de quetzales.

El caso recién comienza, pero ya sacude las relaciones diplomáticas en la región y deja al descubierto una guerra jurídica de alto voltaje entre antiguos aliados de la lucha anticorrupción y el actual poder judicial guatemalteco, fuertemente cuestionado por sus vínculos políticos.