“No vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares. Por eso en este etapa yo he elevado unas consultas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Oficina Jurídica de Presidencia y a Colombia Compra Eficiente para que ellos conceptúen sobre esta estrategia”, indicó el alto funcionario.

Murillo explicó que la decisión se tomó ante las más de 500 observaciones que se presentaron durante el primer proceso licitatorio, en el que hacía parte Thomas Greg & Sons, y que posteriormente sería suspendido.

“Se inició un proceso administrativo con miras a continuar con este servicio, donde no se siguieron unos criterios que planteábamos como Gobierno, y es la pluralidad de los oferentes, y obviamente la transparencia y la competencia en este proceso”, señaló el canciller encargado.

“Se percibe que se hicieron unos pliegos de condiciones que realmente no garantizaron la competencia. Ahí se originó toda la controversia que se vive hoy. (Además), se dieron unas decisiones administrativas inadecuadas”, agregó el funcionario, subrayando que desde el Gobierno nacional se llegó a la conclusión de que por lo tanto ese era un proceso que debía volver a revisarse.

El canciller calificó como “productiva” la reunión que sostuvo con la Oficina Jurídica de Presidencia y aseguró que próximamente el Gobierno nacional dará a conocer la nueva estrategia que pondrán en marcha para garantizar la producción y distribución de pasaportes en Colombia.

Murillo entre tanto envió un mensaje de tranquilidad a los colombianos asegurándoles que no presentarán inconvenientes a la hora de expedir su documento de viaje. “Tenemos todavía siete meses para definir el tema. Se han tomado todas las medidas necesarias para que en ningún momento afecte a la ciudadanía”, subrayó.

Cancillería le adjudicó el contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons

La decisión de Murillo se dio a conocer a tan solo una semana de la polémica jugada que el exsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, tomó frente al tema de los pasaportes, y que le costó su cargo en la Cancillería.

El hoy exfuncionario tomó la decisión de dar por terminado el estado especial de urgencia manifiesta para contratar, declarado por el suspendido canciller Álvaro Leyva para evitar que Thomas Greg & Sons (TGS) se quedara con el contrato para la elaboración de pasaportes por $599.651 millones, lo que permitió que dicha licitación se le adjudicara a la mencionada compañía británica.

A través de la resolución número 1396 de 2024, Salazar dio luz verde para que Thomas Greg suministrara, formalizara y prestara el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de las etiquetas de visa y pasaporte “con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

La medida desató una batalla política que incluso llevó a que el presidente Gustavo Petro declarara a Salazar como insubsistente. “El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata”, escribió en sus redes sociales el jefe de Estado colombiano.

Desde entonces, el Gobierno nacional, a través de la Cancillería, buscaba la forma de impedir entregarle el contrato a Thomas Greg. Una semana después se conoce, en boca del canciller encargado, que no firmarán el contrato con la compañía de bandera británica.