Según la investigación, el grupo formaría parte de la estructura liderada por Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, señalado como uno de los mayores contrabandistas del país. Las pruebas reunidas indican que Salazar habría encabezado un sistema de cobros ilegales a comerciantes, permitiendo a cambio la circulación de mercadería irregular.

De acuerdo con el testimonio de un agente encubierto infiltrado en la organización, el capitán habría designado intermediarios encargados de recolectar dinero de distintos locales comerciales. Esos fondos luego eran canalizados a través de un ex policía hasta llegar nuevamente a Salazar.

Las sospechas se refuerzan con registros audiovisuales en los que el oficial habla abiertamente sobre estos pagos, alentando a sus subordinados a continuar con los beneficios económicos mensuales. A esto se suman interceptaciones telefónicas en las que el propio Salazar sugiere haber respondido con entregas de dinero a sus superiores.

En esas conversaciones, el detenido también advierte que posee información sensible sobre el funcionamiento interno de la Policía Fiscal y Aduanera, incluyendo el supuesto circuito de recaudación ilegal y su destino final en Bogotá. Sin embargo, no queda claro a qué autoridad hacía referencia al mencionar a un “director”.

La investigación también apunta a otros nombres de peso dentro de la estructura policial. Entre ellos aparece el entonces coronel Heiner Puentes, quien dirigía la POLFA en 2023 y posteriormente fue ascendido a general.

Audios incorporados al expediente indican que el propio “Papá Pitufo” consideraba que ni las autoridades policiales ni ciertos vínculos políticos representaban un obstáculo para sus operaciones. Incluso, se sugiere que Puentes contaría con respaldo dentro de esferas cercanas a la Presidencia.

Según el relato del agente infiltrado, el entonces coronel era percibido como una figura intocable dentro de la estructura, con conexiones que lo protegían de eventuales sanciones o investigaciones internas.

Pese a las sospechas, Puentes continuó su carrera: en octubre de 2023 fue promovido al rango de general y meses después firmó una resolución que desplazó al investigador de Interpol que llevaba adelante el caso. Finalmente, en septiembre de 2024 fue llamado a calificar servicios.

La causa sigue en desarrollo y podría escalar aún más si se confirman los presuntos vínculos entre la red de contrabando, la cúpula policial y sectores del poder político.