Según se informó, el expediente ya superó la etapa preventiva y se encamina hacia una fase sancionatoria, en la que se buscará establecer responsabilidades tanto institucionales como individuales.

Desde la cartera educativa indicaron que el objetivo es esclarecer los hechos y aplicar las sanciones que correspondan, sin que esto implique responsabilizar a los estudiantes, a quienes se considera posibles víctimas de las maniobras detectadas.

Entre las irregularidades bajo análisis figura la entrega de diplomas sin que se hubiera cumplido con requisitos obligatorios del sistema educativo, como la presentación del examen de Estado, e incluso casos en los que ese examen habría sido rendido después de la obtención del título.

Además, se investiga si personas que recibieron esos diplomas bajo condiciones irregulares accedieron posteriormente a cargos en organismos públicos entre 2023 y 2025, lo que abrió nuevos cuestionamientos sobre el impacto institucional del caso.

Desde el Ministerio remarcaron que el proceso apunta a preservar la legalidad del sistema de educación superior y a reforzar los controles para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, en un contexto de fuerte preocupación por la credibilidad de las instituciones académicas involucradas.

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