Apenas días antes, entre el 14 y el 17 de diciembre, la organización guerrillera había impulsado un paro armado que paralizó amplias zonas urbanas y rurales, incluyendo áreas metropolitanas como Bogotá y Medellín. Ese episodio dejó un saldo de al menos cinco personas muertas, en su mayoría integrantes de las fuerzas armadas, además de daños a infraestructura y un fuerte impacto sobre la población civil.

Pese a ese antecedente inmediato, el El Ejercito de Liberacion Nacional, presentó la tregua como un “regalo de Navidad” para el pueblo colombiano, una caracterización que contrasta con la escalada de violencia previa y con la advertencia implícita de nuevos ataques una vez finalizado el período festivo.

En el mismo comunicado, el grupo volvió a insistir en que su lucha ya no se centra en el Estado colombiano sino en el gobierno de los Estados Unidos, al que acusa de desplegar fuerzas militares en el Caribe con fines de “amenaza, agresión y saqueo” contra la región. Sin embargo, esa narrativa choca con el hecho de que los atentados, bloqueos y acciones armadas continúan desarrollándose exclusivamente en territorio colombiano.

El anuncio del cese unilateral, sin mecanismos de verificación ni compromisos de desescalamiento a mediano plazo, vuelve a poner en evidencia las tensiones entre el discurso político del El Ejercito de Liberacion Nacional y sus prácticas armadas, así como la fragilidad de cualquier gesto de distensión que no esté acompañado por una reducción sostenida de la violencia.