Uno de los focos más preocupantes es el corte de la vía Panamericana, tras un ataque en el municipio de Timbío, en el departamento de Cauca. Los daños en la infraestructura obligaron a restringir la circulación, permitiendo únicamente el paso limitado de vehículos particulares y motocicletas.

Esta situación impacta de lleno en el suministro hacia Cauca, Nariño y Putumayo, zonas altamente dependientes de ese corredor para el traslado de alimentos, combustibles y otros insumos básicos.

A la par, la Troncal de Occidente permanece bloqueada desde hace 9 días debido a un paro minero en Antioquia.

Esta vía, clave para la conexión entre Medellín y la Costa Caribe, ya generó pérdidas superiores a 62.000 millones de pesos en el sector transportador.

Además, se registraron episodios de violencia como la quema de camiones, daños a vehículos y ataques, incluso contra una ambulancia que trasladaba a un menor.

El escenario se agrava porque las alternativas tampoco ofrecen solución. El corredor hacia Urabá presenta tres puentes caídos, lo que impide el tránsito hacia una región estratégica.

En tanto, la Ruta del Sol, considerada la única opción viable, también registra interrupciones por bloqueos comunitarios entre Plato y El Difícil.

A esto se suma el cierre total del acceso al puerto de Aguadulce, en Buenaventura, uno de los puntos más importantes para el comercio exterior colombiano.

Las consecuencias ya son visibles: riesgo de desabastecimiento de alimentos y medicamentos, aumento de costos logísticos, interrupciones en el comercio y creciente incertidumbre económica.

Empresas del sector advierten sobre pérdidas millonarias y condiciones cada vez más peligrosas para los conductores.

Desde el ámbito transportador remarcaron que, si bien reconocen el derecho a la protesta, no puede ejercerse afectando derechos básicos como la movilidad, el trabajo y el acceso a bienes esenciales, ni mediante hechos violentos.

En ese contexto, reclamaron al Gobierno nacional una intervención urgente para restablecer la circulación, garantizar la seguridad en las rutas y evitar que este tipo de bloqueos se repita de forma sistemática.