El ex ministro Andrés Felipe Arias deberá regresar a Colombia a cumplir la condena de 17 años de prisión, que le impuso la Corte Suprema de Justicia. Esa fue la decisión del juez John O'Sullivan quien, desde un juzgado del sur de la Florida, determinó que el ex funcionario debe ser extraditado a Colombia, como lo había pedido el gobierno.
El juez ordenó la captura del Arias al considerar que hay un riesgo de fuga. Al final de la audiencia, la defensa de Arias explicó manifestó: "El gobierno se equivocó. Ellos no saben lo corrompido y lo politizado que ha estado este caso", dijo uno de los abogados.
Días antes de que el alto tribunal condenara al ex ministro, él y su familia huyeron. Allí solicitaron asilo y como regla para acceder a ese beneficio, debía guardar absoluto silencio. Lo hizo hasta agosto de 2016 cuando fue capturado. A través de su cuenta de Twitter y de varios medios de comunicación, Arias ha asegurado que es un perseguido político del gobierno de Juan Manuel Santos.
Sus abogados le explicaron en varias ocasiones al juez O’Sullivan que la condena que le había impuesto la Corte Suprema a su cliente no era otra cosa que una jugada política de Santos y que, por eso, les había pedido a las autoridades norteamericanas que le dieran asilo.
El fiscal Robert Emery consideró que era inapropiado que el imputado recurriera a esa estrategia para evitar su extradición. “Arias no le pide a esta Corte que interprete el tratado. Lo que le pide inapropiadamente es que decida si Colombia ratificó con éxito el tratado, un asunto que va más allá del alcance de su revisión”, señaló Emery.
