Dos convenios interadministrativos que suman $22.000 millones han generado controversia tanto dentro como fuera del Consejo Nacional Electoral (CNE), debido a las fichas políticas involucradas y las dudas sobre la firma adjudicataria. Según una investigación de El Espectador, estos contratos se otorgaron en un momento crítico, cuando los ocho magistrados del CNE revisan una ponencia que podría formular cargos contra la campaña del presidente Gustavo Petro, por presunta financiación con fuentes prohibidas y violación del tope de gastos.
La entrega de los millonarios contratos ocurrió en medio de la lucha del CNE por obtener independencia administrativa de la Registraduría, tras la aprobación de un presupuesto exclusivo para su financiamiento. Hasta mediados de 2023, el CNE no tenía una asignación propia en el Presupuesto General de la Nación y sus recursos eran manejados por la Registraduría. Este escenario cambió con el Plan Nacional de Desarrollo y varias resoluciones del Ministerio de Hacienda, permitiendo al organismo contar con mayor autonomía para contratar y ordenar el gasto.
El tema sigue. Quien se encargó de estructurar los dos contratos por $22.000 millones fue el director de la Oficina de Tecnologías del CNE, Gustavo Lozano Ferro, quien en 2010 trabajó para... Sí, el Partido de La U. pic.twitter.com/2PT8Vo7HV6
— David Efrén Ortega (@davidortegaso) June 9, 2024
El primero de los contratos cuestionados fue adjudicado el 1 de diciembre de 2023 de manera directa a la Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle (ERT) por $11.000 millones, para consolidar una infraestructura tecnológica propia. Diez días después, se firmó otro contrato por $10.999 millones hasta diciembre de 2024. Ambos contratos están destinados a reducir la dependencia tecnológica del CNE respecto a la Registraduría.
Aunque el esfuerzo de la entidad para fortalecer su independencia tecnológica parece lógico, los problemas surgen con los dos representantes involucrados en los contratos con ERT: Maritza Martínez, actual presidenta del CNE desde abril y exsenadora del Partido de la U, y Alfonso Campo, presidente anterior del Partido Conservador. ERT es una empresa pública del Valle bajo el control de la Gobernación del Valle, dirigida por Dilian Francisca Toro del Partido de La U, lo que ha generado sospechas de posibles irregularidades.
El Espectador informó que Gustavo Lozano Ferro, director de la Oficina de Tecnologías de la Información del CNE, estructuró los contratos. Lozano trabajó para el Partido de la U en 2010, lo que podría suponer un conflicto de interés. Además, los contratos y la influencia de figuras de La U en la junta directiva de ERT han sido objeto de crítica. Henry Posada Torres, suplente en la junta de ERT, tiene un nexo familiar con la exgobernadora Clara Luz Roldán, reforzando las sospechas de conflictos de interés.
Manuel Torres Moreno, exdiputado del Valle por el Partido de la U, también está en la junta directiva de ERT. Tras perder la reelección, obtuvo un puesto en ERT, lo que ha generado dudas sobre la idoneidad de la empresa para manejar contratos millonarios. En 2021, ERT recibió más de $50.000 millones de la Cámara de Representantes para la adquisición de herramientas tecnológicas, un proceso criticado por su adjudicación directa y la capacidad financiera de la empresa, que estaba en crisis. John Abiud Ramírez, director administrativo de la Cámara en ese entonces, también está mencionado en otros escándalos.
ERT ha sido cuestionada por su capacidad de gestión en contratos millonarios y prácticas de subcontratación. En 2022, la Registraduría le otorgó a ERT más de $9.000 millones para apoyar al CNE en el escrutinio de las elecciones legislativas y presidenciales, pero ERT subcontrató por $4.800 millones a Turrisystem S.A.S., vinculada al grupo Thomas Greg & Sons. En 2021, un contrato de $18.000 millones con Emcali también suscitó dudas, pues ERT redistribuyó el monto entre cinco empresas.
Este año, los contratos de ERT con diferentes entidades, incluidas la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Transporte y la Procuraduría, suman $65.000 millones. Otra línea crítica relaciona a figuras políticas con los contratos, como Fabiola Márquez del Pacto Histórico, quien contrató a la fallida ministra TIC Mery Janneth Gutiérrez y firmó un contrato con Canal Zoom por más de $11.000 millones, supervisado por el exesposo de Gutiérrez.
Esta serie de contratos y las conexiones políticas involucradas han puesto en el centro de la controversia la independencia y la transparencia del CNE, así como la idoneidad de las empresas adjudicatarias.
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