La causa se originó en 2011, cuando Carrillo Mendoza ocupaba el cargo de secretario de Infraestructura en la Gobernación de Norte de Santander. En ese rol, autorizó el Convenio de Asociación 00177 por más de 1.465 millones de pesos, destinado a la reconstrucción y protección del puente de Puerto León, sobre el río Zulia, en un corredor clave hacia Cúcuta.

Según determinó el máximo tribunal, el proceso presentó múltiples irregularidades. Entre ellas, que los estudios y diseños técnicos fueron elaborados por la misma empresa que luego resultó adjudicataria, además de utilizarse una modalidad contractual no habilitada para ese tipo de obras según la Ley 80 de 1993. También se constató que la firma contratista no tenía la capacidad técnica necesaria.

La Sala Especial de Primera Instancia concluyó que el entonces funcionario conocía las falencias del proceso y, aun así, avanzó con la contratación. Incluso, señaló que hubo maniobras para intentar eludir responsabilidades frente a las irregularidades detectadas.

No obstante, en el mismo pronunciamiento, la Corte Suprema indicó que el dirigente fue absuelto en otra causa en la que se lo investigaba por peculado por apropiación agravado.