Motoa cuestionó duramente la normativa y aseguró que, lejos de fortalecer la democracia, generó incertidumbre y afectó el acceso de la ciudadanía a información electoral confiable.

“El país necesita más transparencia y más libertad, no censura disfrazada de regulación”, afirmó el legislador desde la Comisión Primera del Senado.

Según el dirigente opositor, la ley provocó la salida de firmas encuestadoras internacionales y favoreció la aparición de estudios informales sin controles metodológicos ni responsables identificables.

Uno de los casos más resonantes fue el retiro de la consultora española Gad3, que realizaba mediciones para medios colombianos y argumentó que las nuevas exigencias hacían inviable el desarrollo de investigaciones sociales con estándares mínimos de operatividad.

La discusión ocurre en plena campaña presidencial, a pocos días de la primera vuelta electoral, y ya comenzó a generar preocupación entre consultoras, medios de comunicación y especialistas en opinión pública.

Desde el Consejo Nacional Electoral también reconocieron la necesidad de revisar algunos puntos de la normativa. Álvaro Mauricio Montenegro, integrante de la Comisión Técnica de Encuestas, confirmó que trabajan en posibles modificaciones vinculadas a los márgenes de error y los métodos estadísticos permitidos.

La llamada “Ley de Encuestas” fue bautizada por algunos sectores como “ley mordaza”, debido a que sus críticos consideran que dificulta la difusión de estudios serios y termina favoreciendo la circulación de información no verificada en redes sociales y espacios informales.