Lo que genera dudas es que esa firma, inscripta como prestadora de servicios publicitarios, no presenta movimientos comerciales relevantes ni ingresos visibles acordes al nivel del aporte realizado. Además, funcionaría en un local de pequeñas dimensiones, lo que incrementa los cuestionamientos sobre su real capacidad financiera.

Por el lado de Carolina Corcho, la campaña informó gastos por alrededor de 1.428 millones de pesos. Más de la mitad de ese monto fue declarado como préstamos otorgados por una sociedad vinculada a un restaurante de comidas rápidas ubicado en Bogotá, cuyo nombre comercial remite a una cadena de origen europeo.

Sin embargo, esa empresa figuraba en los registros mercantiles en proceso de liquidación y con un capital social muy inferior al dinero prestado a la campaña, lo que también despierta sospechas sobre la procedencia efectiva de los fondos.

Las inconsistencias entre la capacidad económica de algunos aportantes y los montos reportados reavivaron el debate sobre los controles reales en el financiamiento de campañas, incluso dentro de procesos internos de selección de candidaturas, y volvieron a poner en discusión la transparencia del sistema político colombiano.