El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, fue categórico al afirmar que, pese a la amnistía otorgada, los exintegrantes del grupo armado deben responder por el “holocausto”.

Durante su intervención, recordó que los días 6 y 7 de noviembre de 1985 la justicia colombiana fue atacada “a sangre y fuego” por una organización que los tribunales calificaron como terrorista, y que actuó al margen de la Constitución, violando tanto los derechos humanos como el derecho internacional humanitario.

Ibáñez rechazó cualquier intento de romantizar la toma y señaló que la respuesta militar también fue “excesiva, caótica y desproporcionada”. En ese marco, remarcó que la impunidad continúa siendo una herida abierta: “Muchas víctimas y familiares siguen esperando respuestas. Solo se investigó una pequeña parte de los hechos y a una parte de los responsables”.

El magistrado advirtió que los llamados “pactos de silencio” y las leyes de indulto obstaculizaron el esclarecimiento total de lo ocurrido. “Estos silencios han impedido conocer toda la verdad de lo que aquí terminó aconteciendo”, expresó, recordando que el derecho internacional prohíbe amnistiar crímenes de guerra, genocidios o de lesa humanidad.

“Cuarenta años después, Colombia sigue debiendo verdad. Los responsables deben hablar; le deben al país, a la justicia y a las víctimas la verdad sobre lo ocurrido”, subrayó Ibáñez, en un discurso cargado de memoria y exigencia moral.

Finalmente, el presidente de la Corte Constitucional rindió homenaje a los funcionarios judiciales que perdieron la vida durante la tragedia, recordando que su sacrificio fue en defensa de la justicia.

“Los jueces de hoy y los del futuro no podemos ser inferiores a quienes ofrendaron su vida hace 40 años. La justicia, la verdad y la defensa del orden constitucional deben prevalecer por encima del terror y de los discursos de odio”, concluyó.