En el marco del debate que generó el borrador de decreto que impulsa la eliminación de una prima de servicios para los congresistas —un beneficio que representa ingresos adicionales cercanos a los 16 millones de pesos—, este viernes el senador Antonio Luis Zabaraín, de Cambio Radical, manifestó su rechazo a la iniciativa.
El legislador sostuvo que, aun con la quita de ese plus, los congresistas pasarían a percibir un ingreso que, a su criterio, no resulta acorde a las responsabilidades del cargo.
En la RATA DEL DIA les presento al senador bachiller Luis Antonio Zabarain @zabaraing. Para este hijueputa roedor $32 millones de pesos no le sirven y es injusto. Pero no le gusto el aumento a $2 miserables millones del nuevo salario mínimo. Es parte de la mafia del Clan Char pic.twitter.com/g8Akm9auaE
— Ni Se Como Me Llamo (@feanpimava23) January 2, 2026
En declaraciones a W Radio, Zabaraín cuestionó la idea de que un salario neto de alrededor de 32 millones de pesos sea considerado excesivo y propuso ampliar la discusión hacia los sueldos de otros altos funcionarios del Estado.
En ese sentido, planteó que si se considera elevado el ingreso de un congresista, también debería revisarse cuánto perciben directivos de empresas y organismos estatales de primer nivel.
Para el senador, la discusión planteada por el Ejecutivo carece de profundidad y responde más a una estrategia política que a un análisis serio del gasto público.
Zabaraín fue más allá y calificó la propuesta como una medida de tinte electoral. Afirmó que la reducción salarial debería debatirse y resolverse en el Congreso, con el consenso de los propios legisladores, y advirtió que el decreto podría ser invalidado por afectar derechos adquiridos.
Además, criticó a quienes reclaman públicamente una rebaja pero continúan cobrando el salario completo sin impulsar mecanismos concretos para resignar parte de esos ingresos.
Desde una postura opuesta, la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, respaldó la reducción salarial y recordó que desde hace casi una década se presentaron numerosos proyectos en el Congreso con ese objetivo.
Reconoció que la medida implica un impacto personal para los legisladores, pero la consideró necesaria en términos de equidad frente a la situación económica que atraviesa gran parte de la población.
El borrador del decreto, que se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Hacienda, argumenta que la remuneración de los congresistas resulta desproporcionada en relación con los ingresos promedio del país y con la realidad económica actual, lo que dificulta el cierre de brechas sociales.
En esa línea, propone derogar un decreto de 2013, dictado durante la presidencia de Juan Manuel Santos, que había establecido una prima especial de servicios en reemplazo de otros beneficios.
De prosperar la iniciativa, la eliminación de la prima se aplicaría a los legisladores que inicien su mandato el 20 de julio de 2026, tras las elecciones de marzo de ese año.
Actualmente, un senador o diputado percibe alrededor de 52 millones de pesos mensuales; sin la prima, el ingreso se reduciría a aproximadamente 35,7 millones.
El documento oficial concluye que resulta necesario reorientar el gasto público y adoptar medidas inmediatas de austeridad, siempre que no se vean afectados derechos fundamentales, incluso en el caso de los propios congresistas.
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