No es la autocracia tradicional, y mucho menos el fascismo. Es el neopatrimonialismo: un sistema híbrido en el que las formas democráticas —elecciones, Constitución, parlamento, tribunales independientes— coexisten con una lógica de poder profundamente personal, clientelar y transaccional.

En un sistema patrimonial, escribe Jonathan Rauch, Senior Fellow del Brookings Institution, el gobernante trata el Estado "como una empresa familiar". La señal diagnóstica más clara no es la corrupción en sí, sino la desaparición del concepto mismo de conflicto de interés. Cuando Elon Musk, el mayor contratista privado del gobierno federal a través de SpaceX, dirigió simultáneamente el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), recibió la dimisión de exactamente los inspectores generales que investigaban sus empresas. Entre los 17 inspectores despedidos figuraban los del Departamento de Guerra —que había abierto una revisión de SpaceX— y el Departamento de Agricultura —que investigaba Neuralink, otra empresa de Musk—. Un tribunal federal declaró los despidos ilegales. En septiembre de 2025, Donald Trump los volvió a despedir.

La revista Forbes estimó que Trump comenzó su segundo mandato con un patrimonio de 2.300 millones de dólares. En julio de 2025 lo tasaba en 7.100 millones y la describió como "la presidencia más lucrativa de la historia estadounidense".

El Criptoimperio

Días antes de su toma de posesión, Trump lanzó el memecoin $TRUMP, que generó al menos 320.000.000 de dólares en comisiones. En mayo, los 220 mejores inversores fueron invitados a una cena privada con el presidente en su club de golf de Virginia. El Comité Judicial del Congreso documentó que Trump y su familia acumularon criptoactivos valorados en hasta 11.600 millones de dólares y percibieron más de 800 millones de dólares en ingresos por venta de activos digitales solo en la primera mitad del año. La empresa World Liberty Financial, fundada con sus hijos, recaudó más de 550 millones de dólares vendiendo tokens a inversores de todo el mundo. Y para completar el cuadro, la administración impulsó una reserva federal de criptomonedas, política pública que revalorizó directamente los activos privados del presidente.

El avión de Qatar

El gobierno de Qatar ofreció a Trump un Boeing 747-8 valorado en cerca de 400 millones de dólares para que funcionara como nuevo Air Force One, con traspaso posterior a su fundación presidencial. Expertos constitucionales señalaron una violación directa de la cláusula de Emolumentos Extranjeros. El Congreso no fue consultado, y la ministra de Justicia, ex abogada de Trump, Pam Bondi, había trabajado anteriormente como lobista del gobierno de Qatar.

Diplomacia de bolsillo

Una investigación del New York Times, publicada en enero de 2026, documentó la expansión de los negocios de la familia Trump en paralelo a visitas de Estado. En una histórica reversión de la política exterior previa, Estados Unidos aprobó la venta de chips de inteligencia artificial a los Emiratos Árabes Unidos. Esta aprobación coincidió con la compra por parte de un príncipe emiratí de 500 millones de dólares en criptoactivos Trump. En Vietnam, la Trump Organization recibió 5 millones de dólares en tarifas de licencia en plena negociación arancelaria bilateral. La investigación documentó negocios activos en Albania, Omán, Maldivas, Serbia y Corea del Sur.

Hay muchos más casos. Por ejemplo, el de Justin Sun, quien compró más de 90 millones de dólares en criptoactivos de la familia Trump, y poco después la SEC archivó la demanda por fraude que tramitaba contra él. O el de Changpeng Zhao, fundador de Binance y condenado por delitos financieros, indultado por Trump. O el caso del puente Gordie Howe: a comienzos de febrero de 2026, Trump publicó en Truth Social que bloquearía la apertura de este puente de 4.600 millones de dólares financiado por Canadá entre Detroit y Windsor. El mismo día, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, se había reunido con el señor Moroun, heredero del Ambassador Bridge privado que compite directamente con el nuevo puente. La familia Moroun aportó más de 650.000 dólares a la campaña de Trump y gastó 250.000 dólares en lobby específicamente sobre puentes internacionales.

En todo sistema neopatrimonial, el patrón no busca a los más competentes, sino a los más leales. Reuters caracterizó el proceso de selección del gabinete de Trump como una operación de "recompensa a los leales", muchos de ellos con calificaciones notablemente escasas para los cargos propuestos.

El primer ejemplo es Pete Hegseth, secretario de Guerra —anteriormente denominado de Defensa—. Su trayectoria previa al nombramiento era la de presentador del programa Fox & Friends y autor de libros de opinión conservadora. El senador republicano Mitch McConnell declaró: "La gestión eficaz de casi 3 millones de empleados militares y civiles, un presupuesto anual de casi 1 billón de dólares y alianzas y asociaciones en todo el mundo es una prueba diaria con consecuencias devastadoras para la seguridad del pueblo estadounidense. El señor Hegseth no ha demostrado que pueda superar esta prueba".

El abogado ambientalista y excandidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. fue nombrado secretario de Salud y Servicios Humanos, a pesar de que 77 ganadores del Premio Nobel expresaron su firme oposición en una carta a los senadores: "Visto su historial, poner al señor Kennedy al frente del Departamento de Salud representaría un riesgo para la salud pública. Además de su falta de calificación o experiencia relevante en los campos de la medicina, la ciencia, la salud pública o el gobierno, Kennedy se ha opuesto a muchas vacunas que han permitido proteger la salud y salvar vidas".

Tulsi Gabbard, nombrada directora de Inteligencia Nacional, supervisa 18 agencias de espionaje y asesora al presidente y al Consejo de Seguridad Nacional. Era excongresista demócrata durante cuatro mandatos, se convirtió al trumpismo en 2024 y no tenía ninguna experiencia directa en servicios de inteligencia ni había ocupado jamás ningún cargo de gobierno anteriormente.

Kash Patel, director del FBI, generó alarmas no tanto por su falta de experiencia como por sus declaraciones explícitas sobre el uso del cargo para perseguir a los enemigos del presidente. Publicó una lista de supuestos miembros del "Estado profundo" a los que prometió investigar y declaró en podcasts que utilizaría el FBI para ir "detrás de la gente que fue a por Trump".

Desde el escándalo Watergate, en 1974, existe en Estados Unidos una norma no escrita sobre el ministro de Justicia o fiscal general: debe ser independiente del presidente. No su abogado, no su escudo, no su espada. Trump desmanteló esta norma nombrando a Pam Bondi.

Ella es jurista con experiencia real —fue fiscal general de Florida entre 2011 y 2019—, pero su relación especial con Trump define su trayectoria posterior. En 2013, la Fundación Trump realizó una donación ilegal de 25.000 dólares a su campaña de reelección. La donación llegó seis días después de que su oficina comenzara a examinar denuncias por fraude contra la Trump University en Florida. Tras recibirla, Bondi decidió no abrir investigación formal. En 2020, ejerció como abogada defensora de Trump en su primer juicio de destitución. En 2024 dirigió el brazo legal del America First Policy Institute, organización que contribuyó a implementar el Proyecto 2025. Bondi trabajó para cuestionar resultados electorales en estados clave y declaró que Trump habría ganado Pensilvania. Biden la ganó por 80.000 votos. Posteriormente, Bondi trabajó como lobista del gobierno de Qatar, el mismo que luego regaló un avión al presidente que la nombraría ministra de Justicia.

En su primer día en el cargo, Bondi desmanteló el grupo de trabajo contra la influencia extranjera del FBI, cerró la Operación KleptoCapture —que perseguía a oligarcas rusos— y redujo la aplicación de la Ley de Agentes Extranjeros.

Bondi no es un caso aislado. Trump colocó a cuatro de sus antiguos abogados personales en las posiciones más altas del Departamento de Justicia. Todd Blanche —abogado defensor de Trump en casos en Nueva York y en causas federales de 2023-2024— fue designado viceministro de Justicia. Emil Bove, coabogado de Blanche, fue nombrado director asociado principal adjunto. John Sauer, quien argumentó ante el Tribunal Supremo la inmunidad presidencial de Trump con éxito, fue designado Solicitor General.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), bajo la dirección de Brendan Carr —nombrado por Trump—, abrió investigaciones formales contra todas las cadenas de televisión nacionales: ABC, CBS, NBC, CNN y NPR. La única excepción fue Fox News. Cuando ABC y CBS optaron por pagar 16 millones de dólares cada una en acuerdos extrajudiciales —a pesar de que sus abogados consideraban que tenían altas probabilidades de ganar en juicio—, los analistas de medios interpretaron el gesto como lo que era: el costo de operar bajo un sistema que utiliza la regulación como herramienta de presión política.

El politólogo Stephen Hanson advierte que el neopatrimonialismo no llega con tanques. Llega con formularios, decretos ejecutivos y nombramientos personalistas. Las elecciones continúan celebrándose, la Constitución sigue colgada en el Archivo Nacional. Pero la sustancia de la democracia —la separación de poderes, la independencia judicial, la prensa libre, la burocracia profesional— se vacía metódicamente, reemplazada por una lógica de lealtad personal que los ciudadanos de Hungría o Turquía reconocerían sin dificultad. La pregunta para los próximos años no es solo si el sistema existe, sino si quedará suficiente sistema que resistir.

(*) Ex director de la Fundación Friedrich Ebert en Colombia (FESCOL)