Bajo la dirección de Lee Zeldin, designado directamente por el presidente, la agencia ha eliminado en los últimos trece meses un amplio conjunto de regulaciones que limitaban las emisiones procedentes de centrales eléctricas, explotaciones de petróleo y gas, así como del sector del transporte.

El 12 de febrero, Trump dio un paso adicional al declarar inválida la base jurídica central de la política climática estadounidense: el denominado Endangerment Finding.

Este dictamen, introducido en 2009 durante la administración de Barack Obama, se fundamenta en una sentencia del Tribunal Supremo de 2007 y establece que las emisiones de gases de efecto invernadero constituyen un riesgo para la salud pública y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Desde el punto de vista institucional, su derogación tendría consecuencias estructurales, al debilitar el marco legal que permite regular las emisiones a nivel federal.

La Casa Blanca ha calificado la medida como “la mayor desregulación de la historia”, una afirmación de fuerte carga política, pero sin respaldo en una evaluación científica de riesgos.

¿Se trata de la decisión política más prudente de la historia? ¿O de un gesto destinado a satisfacer los intereses de sectores industriales y grupos de presión estrechamente vinculados al gobierno?

El consenso científico sobre el vínculo entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global es amplio.

Organismos como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) han documentado que el aumento de CO₂, metano y óxidos de nitrógeno es el principal factor causal del incremento de la temperatura media global.

Como señalaba el profesor Robert Howarth, de la Universidad de Cornell: “Cuestionar esta base no es una decisión científica, sino política”.

Las políticas de la administración Trump siguen una estrategia dual: frenar el desarrollo de energías renovables —con la paralización de proyectos eólicos y solares— y reforzar el apoyo a las industrias fósiles mediante subsidios y permisos acelerados.

Desde una perspectiva económica, la paradoja es evidente: la electricidad renovable es hoy, en muchos casos, más barata que la generada por carbón o petróleo, pero el gobierno ha instruido incluso al Departamento de Defensa a aumentar la compra de energía térmica.

El contraste con China añade una dimensión geopolítica. Aunque sigue siendo el mayor emisor absoluto de CO₂, lidera también el despliegue mundial de energías renovables y concentra cerca del 50 por ciento de la capacidad eólica instalada. Mientras tanto, las emisiones estadounidenses, tras caer alrededor de un 20 por ciento desde 2007, muestran signos recientes de estancamiento.

Según centros de investigación como Ember, el sistema energético global entra en una nueva fase de electrificación masiva, dominada por renovables, baterías e inteligencia artificial. En este contexto, la electricidad limpia y barata se convierte en un factor estratégico para la competitividad tecnológica.

Desde esta perspectiva, las decisiones de Trump no solo tienen implicaciones ambientales, sino estructurales: el riesgo no es únicamente climático, sino geopolítico. Que el liderazgo económico y científico del siglo XXI se desplace de Estados Unidos hacia China, impulsado por la transición energética.

Difícilmente ese puede ser el objetivo declarado de un presidente estadounidense. Pero sus efectos, intencionados o no, apuntan precisamente en esa dirección