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Conflicto en puertas

Gremios de energía y gas cuestionaron a Petro y advirtieron sobre los riesgos del control de los servicios públicos

El presidente Gustavo Petro generó polémica por su injerencia en el sector.

Aunque el presidente Gustavo Petro defiende como una atribución constitucional su poder para controlar Comisiones de Regulación de Servicios Públicos, para los gremios de energía y gas esa acción contiene riesgo. Advierten que la institucionalidad, la confianza inversionista y la confiabilidad de los sistemas se podría ver afectada por la decisión del jefe de Estado.

A través de un comunicado, organizaciones del sector formularon varios reparos a la decisión de Petro. El documento fue firmado por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones Andesco; la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica Acolgen, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica Asocodis, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras Andeg y la Asociación de Energías Renovables Colombia SER Colombia.

“Los sectores eléctrico y de gas natural, desde las Leyes 142 y 143 de 1994 han contado con una institucionalidad robusta y estable, que ha permitido que todos los actores, incluyendo el gobierno, inversionistas y empresas públicas, privadas y mixtas, trabajemos de manera articulada logrando, en las últimas tres décadas, mejoras significativas en cobertura y calidad de estos dos servicios públicos esenciales para los ciudadanos”, señalaron en el comunicado.

Pero consideran que es un retraso que el presidente Petro haya asumido el control de las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos, a través de las que se define el costo de las tarifas, justamente por el aumento que se ha presentado en algunos sectores del país.

Y aunque es una acción constitucional, para los gremios de energía y gas, rompe la institucionalidad. “Las señales anunciadas recientemente de retomar las funciones de regulación de los servicios públicos domiciliarios debilitan la institucionalidad y con ello ponen en riesgo la confianza de los agentes prestadores de estos servicios para ejecutar las inversiones públicas y privadas necesarias para garantizar los mismos, incluyendo que probablemente se verán afectados los proyectos que permitirán al país avanzar en el proceso de transición energética, lo que perjudicaría a todos los colombianos”, señalaron en el comunicado.

Para los representantes de los gremios es fundamental que se garantice la seguridad jurídica, con reglas razonables y estables, que permita mantener la independencia de los entes de regulación. De lo contrario, consideran que afecta la confiabilidad de los sistemas y puede llevar a la toma de decisiones sin el suficiente soporte técnico, que pongan en riesgo la prestación de los servicios de manera continua.

“En nombre de los gremios que representamos y nuestras empresas afiliadas, ratificamos nuestra entera disposición para trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República y sus entidades delegadas, para buscar soluciones y mejoras sostenibles y con rigor técnico, que contribuyan a la situación actual, en el marco de la institucionalidad y de las mejores prácticas recomendadas en asuntos de política pública y regulación sectorial”, concluyeron.

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, emitió un concepto para respaldar la decisión del presidente Petro. Sostuvo que su decisión es constitucional, fomenta la competencia, impide el abuso del monopolio y desregula para eliminar tarifas.

El superintendente sostuvo que la decisión del Ejecutivo se tomó porque pese a los esfuerzos entre el Gobierno y las comisiones para reducir la tarifa, no se han conseguido los resultados esperados. “El Gobierno asume temporalmente estas funciones para dictar unas medidas que sirvan para disminuir, o por lo menos parar el alza de las tarifas”, sostuvo la superservicios en su concepto.

Petro sería el primer presidente desde 1994 que retoma esas funciones que en ese año quedaron delegadas a las comisiones de regulación. La decisión ha generado apoyos y críticas para el manejo de una de las carteras más cuestionadas del inicio de su gobierno.

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