Según determinó el tribunal, durante ese período la organización llevó adelante más de 21.000 secuestros, acompañados en numerosos casos por asesinatos, desapariciones forzadas y violencia sexual. La sentencia sostuvo que estas prácticas formaron parte de una estrategia destinada a obtener recursos económicos y ejercer control sobre la población mediante el miedo.

Las sanciones ratificadas no contemplan penas de prisión, en línea con lo establecido por el acuerdo de paz firmado en 2016. En cambio, los exguerrilleros deberán cumplir trabajos restaurativos vinculados al desminado humanitario, la búsqueda de personas desaparecidas, la construcción de infraestructura comunitaria y proyectos de protección ambiental.

En la misma resolución, la JEP también confirmó las condenas contra 12 exmilitares que reconocieron haber participado en el asesinato de 135 personas para presentarlas falsamente como bajas en combate, casos conocidos en Colombia como "falsos positivos". Los hechos ocurrieron principalmente entre 2002 y 2005 y tuvieron como víctimas a campesinos, indígenas y personas en situación de vulnerabilidad.

Como parte de las medidas restaurativas, los exintegrantes de las Fuerzas Armadas deberán participar en la construcción de un mausoleo con más de 700 osarios destinados a preservar la memoria de las víctimas. El magistrado Rodolfo Arango destacó que la ratificación de las condenas aporta seguridad jurídica al proceso y obliga al Estado colombiano a garantizar las condiciones necesarias para el cumplimiento efectivo de las sanciones restaurativas.