La medida ordenó limitar el empleo de elementos como la bandera y el escudo de Colombia, además de solicitar que el postulante y su espacio político eviten utilizar expresiones como “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”, nombre del movimiento que respalda su candidatura.

Lejos de aceptar la decisión, el entorno del dirigente anunció que impulsará una fuerte estrategia jurídica para intentar dejarla sin efecto. Integrantes de su equipo legal presentaron acciones judiciales al considerar que la resolución afecta derechos vinculados a la libertad de expresión, la participación política y el debido proceso.

Además, los abogados que representan a De la Espriella informaron que promoverán denuncias contra el magistrado que dictó la medida, al entender que habría incurrido en irregularidades al momento de resolver el caso.

Mientras se desarrolla la disputa judicial, el candidato convocó a sus simpatizantes a continuar difundiendo los símbolos y mensajes de su campaña en redes sociales, en una actitud que profundizó el enfrentamiento con la Justicia en plena recta final del proceso electoral colombiano.