La crisis se desató tras una serie de publicaciones de Petro en redes sociales, donde calificó las protestas que atraviesa Bolivia como una “insurrección popular” y cuestionó al gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira. Desde La Paz interpretaron esos mensajes como una intervención indebida en asuntos internos y respondieron declarando “persona non grata” a la diplomática colombiana.

En un comunicado oficial, la Cancillería boliviana sostuvo que las declaraciones de Petro atentaron contra la estabilidad institucional del país y reclamó “prudencia diplomática” frente al complejo escenario político y social que vive Bolivia, marcado por protestas, bloqueos y enfrentamientos en distintas regiones.

Como respuesta, el gobierno colombiano anunció la salida del embajador boliviano Ariel Percy Molina Pimentel bajo el principio de reciprocidad diplomática, aunque aclaró que no existe una ruptura formal de relaciones entre ambos países.

El conflicto ocurre en medio de una creciente tensión política en Bolivia, donde el gobierno de Paz Pereira enfrenta manifestaciones impulsadas por sectores sindicales y seguidores del expresidente Evo Morales. Mientras tanto, Petro volvió a quedar envuelto en una controversia internacional por sus posicionamientos sobre la situación regional.