El informe también remarca que los sectores más golpeados siguen siendo las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, además de mujeres y menores de edad, que sufren de manera desproporcionada las consecuencias del conflicto.

Uno de los puntos más críticos del documento es el cuestionamiento a la política de “Paz Total” impulsada por el Ejecutivo. Para la organización, los avances son insuficientes y, en muchos casos, los grupos armados que participan de negociaciones continúan delinquiendo y violando los acuerdos alcanzados.

A esto se suma la falta de garantías claras en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas, lo que evidencia, según Amnistía, una deuda estructural del Estado colombiano en la protección de derechos básicos.

El diagnóstico coincide con otras advertencias recientes que señalan un incremento de la violencia contra defensores de derechos humanos, incluyendo cifras récord de asesinatos durante el último año.

En este contexto, el informe deja un mensaje contundente: pese a las promesas de cambio, la situación en Colombia no solo no mejora, sino que mantiene niveles alarmantes de violencia e impunidad, poniendo en duda la eficacia de las políticas impulsadas por el gobierno de Petro.