La jefa del Ministerio Público, Luz Adriana Camargo, calificó directamente como “delirante” la hipótesis planteada por Petro, quien había sugerido la existencia de un acuerdo entre sectores de la Fiscalía y organismos de inteligencia para evitar que el contrabandista fuera enviado a Colombia.

Según explicó la fiscal, el proceso de extradición no depende de la Fiscalía sino de decisiones entre Estados y organismos judiciales específicos, lo que deja sin sustento la acusación del presidente.

En paralelo, el caso sigue generando ruido político por los contactos revelados entre funcionarios del entorno presidencial y el círculo del propio “Papá Pitufo”. Investigaciones periodísticas expusieron reuniones reservadas y posibles ofrecimientos de beneficios judiciales para facilitar su entrega o condicionar su situación, lo que desató cuestionamientos sobre el rol del gobierno en el manejo del caso.

El propio Petro intentó despegarse del escándalo asegurando que el contrabandista intentó infiltrar su campaña y que él lo rechazó. Sin embargo, las dudas persisten, especialmente porque no hay pruebas concluyentes sobre el destino de los fondos que habrían sido ofrecidos.

Mientras tanto, la figura de “Papá Pitufo”, señalado como uno de los mayores contrabandistas de Colombia, sigue en el centro de una trama que mezcla política, inteligencia y sospechas de corrupción, y que ahora también deja al presidente enfrentado públicamente con la propia Fiscalía.