Desde la administración local aseguran que cerca de 176 hogares recibieron ayudas económicas, acompañamiento institucional y seguimiento en sus territorios de retorno. Sin embargo, remarcan que, pese a que el proceso de reubicación debía resolverse en pocos meses, pasaron más de 18 meses y todavía hay familias viviendo en condiciones precarias en albergues.

En ese marco, Galán fue directo contra la gestión nacional al exigir que se cumpla con lo prometido en materia de vivienda, salud, educación e infraestructura, y advirtió que la ciudad ya no está en condiciones de seguir absorbiendo una problemática que corresponde al Estado central.

El trasfondo del conflicto evidencia una crisis que se arrastra desde hace tiempo, con comunidades indígenas que siguen esperando soluciones concretas mientras las responsabilidades se diluyen entre distintos niveles del Estado.

Por su parte, desde el Gobierno defendieron su accionar y señalaron avances en los procesos de retorno, destacando la asistencia a cientos de familias. Aun así, el choque político dejó en evidencia la falta de coordinación y profundizó las críticas sobre la capacidad del Ejecutivo para dar respuesta a una problemática social urgente.

En medio de acusaciones cruzadas, lo cierto es que la crisis de las comunidades emberá continúa sin resolverse, mientras crecen los cuestionamientos hacia la gestión de Petro por la falta de respuestas concretas.