“Mi visa hacia Estados Unidos como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato. Después realmente no necesito visa”, expresó, y agregó que no tiene intenciones de regresar al país norteamericano una vez concluida su gestión.

El conflicto tiene antecedentes recientes. A fines de septiembre, la administración de Donald Trump había decidido retirarle la visa a Petro luego de declaraciones realizadas en Nueva York, donde el presidente colombiano instó a las fuerzas armadas estadounidenses a desobedecer órdenes de su comandante en jefe.

La medida desató una fuerte crisis diplomática entre ambos países, que se profundizó con la inclusión de Petro en la denominada “lista Clinton”, un registro que agrupa a personas y organizaciones bajo sospecha de vínculos financieros con el narcotráfico. En ese listado también fueron incorporados su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

En medio de este escenario, Washington había otorgado previamente un permiso especial de cinco días para que Petro pudiera viajar a la Casa Blanca el 3 de febrero y mantener una reunión oficial con Trump. Esa autorización excepcional también alcanzó a la comitiva que lo acompañó, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la agenda sin inconvenientes migratorios.

Sin embargo, el viaje a Chicago volvió a encender las dudas, ya que el gobierno colombiano no brindó detalles sobre las condiciones en las que se produjo el ingreso del mandatario a territorio estadounidense.

En paralelo, las relaciones bilaterales continúan atravesando un momento delicado. La Casa Blanca manifestó recientemente que Colombia aún no cumple con los niveles de cooperación necesarios para integrarse a la alianza antinarcóticos impulsada por Trump junto a otros líderes de la región.

La portavoz presidencial Karoline Leavitt señaló que el gobierno estadounidense espera mayores avances antes de considerar la inclusión del país sudamericano en ese esquema, en un contexto marcado por la nueva estrategia anunciada por Washington, que contempla el uso de fuerza militar contra redes vinculadas al narcotráfico y al terrorismo en América Latina.