Con el paso del tiempo, la investigación fue sumando capítulos y nombres de peso dentro del oficialismo.

Exfuncionarios del gobierno, congresistas y contratistas aparecen en distintos expedientes judiciales que apuntan a una presunta red de corrupción montada dentro de un organismo que originalmente fue creado para atender emergencias naturales. Mientras el presidente ha intentado restarle gravedad al caso, la justicia continúa avanzando y acumulando pruebas.

En las últimas horas, dos congresistas de la Comisión de Crédito Público pasaron su primera noche en prisión, acusados de haber cambiado su voto a favor del Gobierno a cambio de contratos.

Se trata del conservador Wadith Manzur y de la representante de las curules de paz Karen Manrique, quienes se suman a la creciente lista de implicados dentro de la causa.

La trama también involucra a figuras cercanas al círculo de poder del presidente. Entre los señalados aparecen los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, acusados por la Fiscalía de haber ordenado la entrega de sobornos mediante dinero en efectivo o contratos.

A ellos se suma el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, actualmente prófugo, y la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, detenida desde 2024 por presuntamente haber entregado una maleta con dinero destinada a un soborno político.

Dentro del expediente también figura el exdirector de Función Pública César Manrique, quien abandonó el país tras ser imputado por la Fiscalía. Según los investigadores, todos ellos habrían formado parte de una estructura que utilizó la UNGRD para distribuir contratos y beneficios políticos.

En otro nivel de la investigación aparecen los funcionarios que habrían ejecutado el mecanismo dentro del organismo. El exdirector de la UNGRD Olmedo López, hoy imputado, decidió colaborar con la justicia y revelar detalles del supuesto reparto de sobornos.

A su lado figura el exsubdirector de Manejo de Desastres Sneyder Pinilla, quien aceptó los cargos y fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por su participación en los pagos irregulares.

Las declaraciones de ambos se transformaron en piezas clave para la causa, ya que describen cómo se habrían direccionado contratos y transferencias de dinero desde la entidad.

También declaró en el proceso la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, quien brindó información sobre la forma en que se gestionaban los contratos y su vínculo con los exministros y los congresistas investigados.

A medida que avanzan las investigaciones judiciales y disciplinarias, el escándalo de la UNGRD continúa creciendo y amenaza con profundizar la crisis política que atraviesa el gobierno de Petro, en medio de un proceso que ya dejó múltiples funcionarios detenidos, prófugos y bajo investigación.