El presidente del organismo, Juan Carlos Ramírez, explicó que la actual estructura de ingresos y gastos no es suficiente para corregir el rumbo fiscal. El gasto público continúa por encima de lo necesario para reducir el déficit, mientras que los ingresos fiscales no alcanzan para cubrir los compromisos del Estado.

Entre las principales presiones sobre el presupuesto nacional figuran el gasto social, la inversión pública y el pago de pensiones, rubros que limitan el margen de maniobra del Gobierno.

Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, en 2026 debería registrarse una reducción del déficit primario. Sin embargo, el Carf considera que, con los programas actuales de ingresos y gastos, esa meta es difícil de alcanzar.

“El déficit general disminuyó, pero el déficit primario aumentó. Esto se explica principalmente por el incremento del gasto y la reducción de los ingresos por intereses derivados de operaciones de crédito del Ministerio de Hacienda”, explicó Ramírez.

El especialista advirtió que este deterioro en los indicadores estructurales de la salud fiscal podría complicar el cumplimiento de los compromisos presupuestarios del Estado.

El impacto de esta situación también podría sentirse en la vida cotidiana de los ciudadanos. Un mayor déficit implica más necesidad de endeudamiento por parte del Gobierno, lo que presiona el mercado financiero y puede derivar en tasas de interés más altas.

Esa situación afecta tanto a quienes buscan financiamiento como a quienes invierten, ya que el crédito se vuelve más costoso y escaso.

Ramírez sostuvo que, si el desequilibrio no se corrige en el mediano plazo, el país podría enfrentar un escenario fiscal más complejo. Aunque actualmente las cuentas públicas se mantienen dentro de márgenes manejables, el próximo gobierno deberá aplicar medidas para evitar mayores riesgos.

Entre las alternativas planteadas se encuentra una combinación de tres estrategias: aumentar los ingresos fiscales —principalmente a través de impuestos—, racionalizar el gasto público y presentar un plan fiscal creíble que permita reducir el costo del endeudamiento.

También se mencionó la posibilidad de obtener mayores recursos de empresas estatales, en particular del sector energético.

Otro factor de preocupación son las tasas de interés a las que se endeuda el Estado. Cuando estas son elevadas, una mayor proporción del presupuesto debe destinarse al pago de la deuda, reduciendo los recursos disponibles para inversión y programas sociales.

A esta situación se suman nuevas presiones sobre el gasto público previstas para 2026. Entre ellas se destacan el impacto de la reforma pensional, las tensiones financieras del sistema de salud y el aumento del salario mínimo.

De acuerdo con las estimaciones del Carf, solo el incremento del salario mínimo podría añadir entre tres y cinco billones de pesos adicionales al gasto estatal el próximo año.

En este contexto, el organismo también señaló la importancia de que el Gobierno presente cuanto antes el Plan Financiero actualizado, un documento clave para que los mercados y los analistas evalúen la situación de las finanzas públicas del país y las estrategias previstas para encauzarlas.