La actuación del conjuez se da en el marco del expediente D-0015989, correspondiente a una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, en la que se cuestiona el procedimiento legislativo que dio origen a la reforma. La participación de Márquez Escobar resulta clave, ya que su concepto podría inclinar la balanza en una discusión jurídica de alto impacto político y social.

En una carta dirigida a la Secretaría General de la Corte Constitucional, Márquez solicitó acceso a documentos relacionados con el Auto A-841/25, mediante el cual se suspendió la ley. En particular, pidió copias de las aclaraciones de voto de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y José Fernando Reyes Cuartas, o, en su defecto, los enlaces oficiales donde dichos textos se encuentren disponibles.

Según explicó, estas aclaraciones son fundamentales para contar con una visión completa del debate jurídico, ya que permiten conocer los argumentos individuales que acompañaron la decisión de suspender la reforma y devolverla al Congreso. Estos documentos forman parte integral del análisis constitucional y pueden ser determinantes para la postura final del conjuez.

Además, Márquez solicitó información detallada sobre el estado de las solicitudes ciudadanas de aclaración presentadas en relación con el mismo auto. En su comunicación pidió que se le informe si dichas solicitudes ya fueron resueltas o, de lo contrario, que se le indiquen los canales oficiales donde puedan consultarse.

Junto con el requerimiento de información, el conjuez pidió una prórroga para estudiar el voluminoso expediente, argumentando la complejidad del caso y la necesidad de contar con todos los insumos antes de emitir su concepto. Solo después de este análisis se convocará a la Sala Plena, que tendrá la responsabilidad de decidir si la reforma pensional se ajusta o no a la Constitución.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste. La reforma, una de las principales apuestas del Gobierno, permanece en pausa, a la espera de una definición judicial que no solo marcará el rumbo del sistema pensional colombiano, sino que también sentará un precedente sobre los límites y exigencias del trámite legislativo.