Aunque no se trata de una decisión oficial ni de un anuncio formal del Ejecutivo que encabeza Gustavo Petro, la sola filtración del borrador bastó para desatar un intenso debate económico y político.

El eje de la discusión pasa por el impacto que un aumento de esa magnitud podría tener sobre la inflación, el empleo y el costo de vida, en un contexto de fragilidad macroeconómica.

Según el texto que trascendió, la propuesta se apoya en la necesidad de achicar la brecha entre el salario mínimo legal y el denominado “salario vital”, un concepto impulsado por la Organización Internacional del Trabajo que apunta a garantizar ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación, sin recurrir a ingresos complementarios.

Bajo esa metodología, el propio Gobierno estima que el salario mínimo “ideal” en Colombia debería ubicarse por encima de los 1,8 millones de pesos mensuales, sin auxilio de transporte.

No obstante, el borrador admite que un ajuste de ese calibre sería inviable en una sola vigencia fiscal, por lo que plantea una suba gradual, comenzando con un incremento del 23 por ciento en 2026.

Desde el Ejecutivo se sostiene que la baja del desempleo y cierta mejora en indicadores de crecimiento generarían condiciones para un aumento considerado “justo” y compatible con la sostenibilidad macroeconómica. Sin embargo, esas explicaciones no lograron despejar las críticas.

Economistas y analistas advierten que un aumento muy por encima de la inflación proyectada para 2025, estimada en torno al 5 por ciento, podría desatar efectos colaterales severos en una economía fuertemente indexada al salario mínimo, con riesgos concretos de presión inflacionaria adicional, pérdida de empleo formal y encarecimiento generalizado de bienes y servicios.

En ese escenario, la iniciativa vuelve a colocar al Gobierno de Petro en el centro de cuestionamientos por priorizar anuncios de alto impacto político sin un consenso técnico claro sobre sus consecuencias reales.