Los señalamientos provienen de dos soldados que comparecieron ante la JEP, quienes describieron que Huertas Herrera “insinuaba a quién asesinar” y habría suministrado armamento para simular bajas en combate. En uno de los testimonios, un uniformado relató: “El capitán Huertas me insinuó que tenía que asesinar a alguien. Me dijo que él disponía del armamento para colocar a los jóvenes que harían pasar como falsos positivos”.

El senador enfatizó que el oficial habría sido “premiado” por el actual gobierno con su reincorporación y su ascenso a posiciones estratégicas dentro de la institución. En sus palabras: “Ese general petrista es, según los testimonios, el responsable intelectual de los falsos positivos”.

El caso revive una de las heridas más profundas del país: los 6.402 civiles asesinados y presentados como enemigos abatidos entre 2002 y 2010, hechos que aún generan controversia política y judicial. Aunque estos crímenes corresponden históricamente al periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, las recientes revelaciones abren el debate sobre la continuidad de dinámicas irregulares dentro de ciertas estructuras militares y la presencia de figuras señaladas en cargos de alta responsabilidad durante el gobierno actual.

Mientras tanto, la JEP no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta nueva línea de investigación. Organizaciones sociales y sectores políticos exigen claridad sobre el rol que Huertas habría desempeñado y sobre los criterios del Ejecutivo para reincorporarlo y promoverlo.

El contexto es aún más delicado tras el reconocimiento reciente del Ministerio de Defensa por la responsabilidad del Ejército en 23 ejecuciones extrajudiciales cometidas en Cesar y La Guajira entre 2004 y 2006, lo que reactivó reclamos de transparencia institucional.

Las denuncias de Hernández, sustentadas en los testimonios conocidos, incrementan la presión sobre el gobierno de Gustavo Petro, que deberá responder ante la opinión pública por la cercanía y ascenso de un oficial señalado como presunto articulador de prácticas que el país busca desterrar definitivamente.