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La justicia interviene tras una ola de amenazas

El Consejo de Estado ordenó a Petro y Benedetti rectificar por vincular al personero de Ocaña con el ELN

El personero había advertido que los señalamientos lo ponían en riesgo en una región dominada por grupos armados.

El Consejo de Estado ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, rectificar en un plazo máximo de cinco días las declaraciones en las que señalaron al personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, de colaborar con el ELN. La decisión responde a la tutela presentada por el funcionario en julio de 2025, en la que denunció la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la seguridad, la honra y el buen nombre tras ser mencionado públicamente por ambos altos cargos.

La providencia establece que el presidente Petro deberá realizar la rectificación en su inmediata y siguiente alocución presidencial o intervención televisiva posterior a la notificación del fallo. En cuanto a Benedetti, el tribunal dispuso que publique un mensaje en su cuenta personal en X dentro de los cinco días siguientes, el cual deberá mantenerse visible durante tres meses, etiquetar al personero y ajustarse a los criterios de veracidad y respeto propios de la función pública.

El fallo también ordena a la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizar, en un plazo de veinte días, un nuevo estudio técnico de riesgo sobre la seguridad del personero. El objetivo es evaluar la eficacia del esquema actual y determinar si se requieren ajustes adicionales ante la escalada de amenazas.

Según Bohórquez, las acusaciones hechas el 21 de abril de 2025 lo expusieron a un aumento crítico de intimidaciones. En diálogo con Blu Radio, aseguró haber recibido mensajes que aludían a posibles atentados similares al ocurrido contra el senador Miguel Uribe Turbay. “Me dicen que hay que meterme dos tiros en la cabeza, como se lo hicieron al senador en Bogotá (…) También que voy a ser el presidente del ‘barrio de los acostados’”, denunció.

El personero afirmó que cualquier daño en su contra o contra su familia sería responsabilidad del Gobierno nacional, al considerar que los señalamientos fueron hechos sin pruebas. Recordó que trabaja en el Catatumbo, una región marcada por la presencia del ELN y las disidencias de las Farc, donde una vinculación injustificada puede equivaler a una sentencia de muerte. “Jamás he pertenecido a un grupo armado. Siempre he sido neutral ante cualquier situación en la región”, afirmó.

El origen del conflicto se remonta a abril de 2025, cuando Benedetti criticó públicamente al personero por no respaldar la conmoción interior decretada en Norte de Santander. En un mensaje publicado en X, el ministro escribió: “Quien diga lo contrario es sospechoso de estar ayudando a la insurgencia”. Bohórquez respondió advirtiendo del riesgo de esas afirmaciones y solicitó atención urgente de la UNP.

Tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría General de la Nación respaldaron la postura del personero y advirtieron que declaraciones de esa naturaleza tienen un impacto directo en la seguridad de los funcionarios que trabajan en zonas con presencia de grupos armados. El fallo del Consejo de Estado se convierte así en un llamado de atención al discurso oficial y en una medida para garantizar la protección de quienes ejercen funciones públicas en los territorios más vulnerables del país.

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