El tema generó un fuerte contraste con la postura que Petro sostenía años atrás, cuando rechazaba enfáticamente los ataques a campamentos con presencia de menores y advertía que esas acciones podían constituir crímenes de guerra. Sin embargo, ahora defiende la continuidad de las operaciones.

“Vuelvo a insistir que no nos hemos salido del DIH en los bombardeos ordenados por mí. Decir que se detengan cuando estamos dentro del DIH es de una ingenuidad brutal”, afirmó el mandatario en su cuenta de X, al justificar los ataques recientes.

Las críticas no provienen únicamente de la oposición. Líderes sociales y sectores que apoyaron a Petro en las presidenciales de 2022 también cuestionaron la política militar actual. Una de ellas es Lorena Sánchez, lideresa campesina del Guaviare, región donde se produjo uno de los bombardeos que dejó siete adolescentes muertos.

En diálogo con Semana, Sánchez aseguró que las comunidades se sienten desprotegidas y defraudadas frente al cambio de postura del Gobierno.
“Nos sentimos defraudados, sentimos que fue un engaño porque la potencia mundial de la vida se está convirtiendo en una potencia mundial de la muerte para las comunidades afectadas”, expresó la lideresa.

El debate vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre las obligaciones militares del Estado, los límites del derecho internacional humanitario y la protección de los menores reclutados forzosamente por grupos armados.