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Tensión por presuntas irregularidades académicas

La Procuraduría exige al Ministerio de Educación resultados de la investigación contra la Fundación San José

La Procuraduría busca determinar si la Fundación San José expidió títulos académicos sin cumplir la normativa, un proceso que involucra a estudiantes y exfuncionarios públicos.

La Procuraduría General de la Nación elevó este martes 18 de noviembre la presión institucional sobre la Fundación de Educación Superior San José al solicitar formalmente al Ministerio de Educación Nacional los resultados de la investigación administrativa preliminar abierta contra la institución. El pedido surge tras la revelación de presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos, un hecho que puso en entredicho la validez de los programas y la confianza en la entidad.

De acuerdo con el Ministerio Público, la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública requirió al Ministerio que entregue toda la información recopilada hasta el momento en la investigación, incluidos datos relacionados con directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, exsecretarios generales y demás personas que hayan tenido responsabilidad en la administración o control de la institución. La solicitud está directamente motivada por el caso de Juliana Guerrero, exfuncionaria del Gobierno, señalada de haber recibido títulos sin cumplir los requisitos legales.

La Procuraduría también pidió al Ministerio —encabezado por Daniel Rojas Medellín— que informe si se han adoptado medidas preventivas o correctivas para garantizar la legalidad del proceso de otorgamiento de títulos y restablecer la confianza en la normalidad institucional de la Fundación San José, actualmente cuestionada por la emisión de documentos académicos presuntamente irregulares.

El organismo enfatizó que su actuación preventiva busca “proteger la legalidad, la transparencia y la continuidad del servicio público de educación superior”, sin interferir en la autonomía universitaria, pero exigiendo que esta se ejerza dentro del marco constitucional. El Ministerio cuenta con un plazo de tres días para entregar la información solicitada.

El caso Juliana Guerrero

La investigación del Ministerio de Educación fue formalmente abierta mediante la Resolución 021551 del 10 de noviembre de 2025, luego de que inspecciones internas detectaran al menos tres títulos otorgados sin cumplir los requisitos establecidos por la normativa de educación superior.

Según los documentos oficiales, dos personas recibieron títulos sin haber presentado el examen de Estado, mientras que un tercer caso registró la entrega de un diploma con una fecha de prueba posterior a la expedición del título. Entre los beneficiados estaría Juliana Guerrero, quien habría recibido certificados de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y de Contaduría Pública sin asistir a clases ni realizar los exámenes obligatorios.

Otro de los casos mencionados es el de Carlos Alberto Mendoza Siachoque, quien también habría sido favorecido con un título sin cumplir los requisitos mínimos. La resolución señala igualmente a Laura Julieth Martínez Morales, conocida en redes sociales como @LaJulietaMM, quien también habría recibido un título de manera irregular.

El Ministerio concluyó que estos actos habrían vulnerado “disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”, lo que motivó la apertura del proceso administrativo.

Ahora, con la intervención de la Procuraduría, el caso entra en una fase de mayor escrutinio institucional y podría derivar en sanciones administrativas, disciplinarias e incluso penales para los responsables.

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